La llegada de los nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un cambio en las percepciones salariales, pues ahora ganan menos que sus antecesores y apenas por debajo del tope constitucional fijado en el salario presidencial. Mientras Claudia Sheinbaum percibe 138 mil 878 pesos netos al mes, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz tendrá un ingreso de 137 mil 582 pesos, muy lejos de los 206 mil pesos que recibían ministros de la administración pasada.
Entre los togados, destaca la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien percibe 128 mil 992 pesos, el salario más bajo, debido a que devuelve parte de sus ingresos a la Tesorería de la Federación. Esta medida responde a su compromiso de no ganar más que el titular del Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución. Además, renunció a prestaciones como la tarjeta de comida y el seguro de gastos médicos mayores, con lo cual refuerza la política de austeridad en el Poder Judicial.
El nuevo esquema salarial también se ha extendido a ministras y ministros como Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González, quienes ya transparentaron sus percepciones. Se espera que próximamente lo hagan Irving Espinosa Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García, con lo cual la Corte busca dar un mensaje de mayor transparencia y alineación al marco constitucional.
En su primer mensaje como presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que permitirá un ahorro de 300 millones de pesos anuales. A este ajuste se suma la intención de resolver los juicios promovidos por funcionarios judiciales para garantizar que nadie gane más que la presidenta de la República, medida que podría generar un ahorro adicional de 800 millones de pesos al año.
El ministro presidente también informó que pedirá al Órgano de Administración Judicial (OAJ) revisar las remuneraciones de los ministros en retiro, que actualmente oscilan entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales. Estos montos, muy por encima del ingreso presidencial, serán revisados para alinearlos a la política de austeridad. La propuesta también contempla la eliminación de apoyos y prestaciones consideradas excesivas.
De acuerdo con Aguilar Ortiz, la reducción salarial y los ajustes a prestaciones no sólo tienen un impacto económico, sino también simbólico, pues buscan recuperar la confianza ciudadana en la Suprema Corte. Este paso, dijo, es fundamental para legitimar al Poder Judicial en un contexto en el que se le exige mayor cercanía con la población y apego a la legalidad.
La aplicación de estas medidas representa un contraste con lo que ocurría en periodos anteriores, cuando los ministros mantenían ingresos superiores a los del Ejecutivo. La adhesión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reformada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, marca ahora un límite claro y fortalece la narrativa de austeridad impulsada desde el Poder Ejecutivo.
Con este ajuste, la SCJN busca consolidar una nueva etapa de mayor transparencia y austeridad. La reducción de sueldos, la revisión de pensiones y la eliminación de beneficios excesivos forman parte de un proceso con el que la Corte pretende alinearse a las políticas de Estado y, al mismo tiempo, demostrar su compromiso con el principio de que ningún funcionario debe ganar más que la presidenta de la República.
