El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó con contundencia el informe preliminar emitido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio. En una nota diplomática enviada al secretario general del organismo, Albert Ramdin, la Cancillería mexicana acusó a la Misión de Observación Electoral de exceder sus atribuciones al emitir juicios sobre el modelo de reforma judicial, el cual, aseguró, forma parte de las decisiones soberanas del país.
Durante una gira por Morelos, la presidenta Sheinbaum pidió a la OEA limitarse a opinar sobre aspectos logísticos del proceso, como si fue pacífico o no, y evitar comentarios sobre la estructura institucional que México eligió democráticamente. “No tienen atribución para opinar sobre la forma en que el pueblo decidió elegir a los jueces y magistrados”, declaró. Para la mandataria, el nuevo modelo representa un avance al sustituir la designación por el Senado con la participación directa del pueblo.
El informe de 37 páginas de la OEA destacó que los candidatos ganadores fueron promovidos por el Ejecutivo y en su mayoría por Morena, y cuestionó la baja participación del electorado, señalando que la elección judicial fue una de las más desairadas de la región, con una abstención del 87%. Además, la misión observó irregularidades como la presencia de observadores enviados por partidos políticos y una alta cantidad de votos nulos.
El documento concluyó que el modelo mexicano no debería replicarse en otros países de América Latina y sugirió evaluar su impacto en la independencia judicial. A pesar de reconocer que la experiencia abre oportunidades de mejora, el texto recomendó una reforma profunda del sistema electoral y judicial para garantizar transparencia, imparcialidad y participación informada.
La respuesta mexicana no se limitó al gobierno federal. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó el informe de la OEA como “faccioso” y lo acusó de reproducir el discurso de la derecha. Afirmó que la votación “llegó para quedarse” y celebró que, por primera vez, un indígena mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, encabezará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que se logró la paridad en el Pleno del máximo tribunal.
Noroña también retó a la OEA a comparar la participación en México con la que se registra en la elección de jueces locales en Estados Unidos, país sede del organismo. Según el senador, la experiencia mexicana es única, democrática y merece ser analizada desde una óptica diferente, que no desprecie los logros alcanzados en representación y apertura institucional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que la Misión Electoral de la OEA violó el artículo 3 de su propia Carta, al interferir con un sistema político definido por el Estado mexicano. La SRE reiteró que cualquier intento de deslegitimar el proceso vulnera principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
A pesar de las críticas internacionales, el gobierno mexicano mantiene firme su narrativa: la elección judicial es un paso histórico hacia un sistema más democrático, en el que la ciudadanía tiene un papel central. A su juicio, el modelo no es perfecto, pero representa un avance frente a un esquema elitista de designación cerrado al escrutinio público.
