Con la llegada de los primeros migrantes deportados tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, varias entidades mexicanas han activado protocolos de apoyo para atender la creciente demanda en las fronteras. Tamaulipas, Sonora y Baja California fueron los principales puntos de ingreso en estos días iniciales, mientras el flujo migratorio comienza a reflejar los efectos de las nuevas políticas del gobierno estadounidense.
En Tamaulipas, más de 200 personas fueron deportadas a través de Reynosa y Matamoros, cifras que, según las autoridades locales, se mantienen dentro de lo habitual. Sin embargo, los albergues en estas ciudades están alcanzando su máxima capacidad, lo que ha llevado a la Secretaría de Marina a acondicionar un campamento temporal en Matamoros. Por otro lado, en Sonora, el flujo de deportados no mostró incrementos significativos, con un promedio diario de 70 a 90 personas procesadas en Nogales.
El caso de Martín Escareño Díaz, un zacatecano deportado tras intentar cruzar con documentación falsa, se ha convertido en un símbolo de las políticas migratorias de Trump. Escareño fue el primer mexicano registrado en regresar a través de la garita de San Ysidro, en Tijuana, el mismo día de la toma de posesión presidencial. A pesar de su situación, Martín expresó su intención de intentar regresar a Estados Unidos, una realidad compartida por muchos migrantes que enfrentan barreras legales y económicas para quedarse en México.
Mientras tanto, gobiernos estatales como Jalisco y Sinaloa están implementando estrategias específicas para recibir y reintegrar a los deportados. Jalisco ha anunciado el programa «Jalisco te recibe con los brazos abiertos», que busca garantizar servicios básicos, salud, empleo y educación para los repatriados. Sinaloa, por su parte, instalará albergues en cada uno de sus 20 municipios para apoyar a las familias retornadas.
Aunque las autoridades mexicanas aseguran estar preparadas para afrontar un posible aumento en las deportaciones, persisten las preocupaciones sobre los recursos disponibles y la capacidad para garantizar una recepción digna a los connacionales. En una conferencia reciente, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que los cruces irregulares en la frontera con Estados Unidos han disminuido en un 78%, atribuyendo este resultado al modelo humanitario de movilidad implementado por el gobierno mexicano.
El desafío que representan las deportaciones masivas resalta la necesidad de coordinación intergubernamental, así como de un enfoque integral que permita a los migrantes deportados encontrar estabilidad y oportunidades en su país de origen.
