En medio de una relación bilateral marcada por la presión y la retórica confrontativa, el Gobierno de México optó por adelantarse a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump mediante un nuevo traslado masivo de reclusos a Estados Unidos. La medida coincidió con el primer aniversario del republicano en la Casa Blanca y buscó contener sus advertencias sobre una posible intervención militar contra los cárteles mexicanos.
El traslado más reciente incluyó a 37 internos considerados de alto perfil, lo que elevó a 92 el número de presos enviados al país vecino desde enero del año pasado, ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum. El movimiento se produjo tras semanas de declaraciones de Trump, quien ha insistido en que México está gobernado por organizaciones criminales y ha sugerido acciones unilaterales para combatirlas.
Entre los reos entregados destacan figuras clave para Washington, como Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, operador de una facción del Cártel de Sinaloa, así como Ricardo González, Ricky, del Cártel del Noreste, y Armando Gómez, Delta 1, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones fueron designadas como grupos narcoterroristas por la administración estadounidense en febrero.
La entrega de los detenidos se interpreta como un intento del Gobierno mexicano por tomar la iniciativa y desactivar la escalada verbal del mandatario estadounidense. Cada aumento de tono por parte de Trump ha sido respondido con acciones de alto impacto, apoyadas en la coordinación entre el gabinete de seguridad mexicano y agencias de Estados Unidos, como el FBI y el Comando Norte.
Este patrón ya se había observado meses atrás, cuando Washington anunció aranceles a productos mexicanos bajo el argumento del combate al fentanilo. En respuesta, México realizó un primer envío de 29 presos, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses desde hace décadas.
Posteriormente, en agosto, se concretó un segundo traslado que incluyó a líderes criminales con influencia incluso desde prisión, como Abigael González Valencia, El Cuini, y Servando Gómez, La Tuta. Estas acciones permitieron ganar margen político y reducir la presión directa del gobierno estadounidense sobre México.
Ante un escenario internacional cada vez más agresivo, la estrategia de Sheinbaum se ha centrado en evitar una intervención extranjera directa en territorio nacional. Para el gabinete de seguridad, la salida de algunos de estos perfiles representa un costo menor frente al objetivo principal: preservar la soberanía y mantener el control de la relación con Washington en un contexto de alta volatilidad.
