El fiscal general Alejandro Gertz Manero reveló que México solicitó desde hace un año y medio la extradición de Julio César Chávez Jr., hijo del exboxeador campeón mundial, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Durante una rueda de prensa, el titular de la FGR expuso que desde 2019 se abrió una investigación contra Chávez Jr., a partir de una denuncia del Departamento de Estado de Estados Unidos que involucraba a trece personas por delincuencia organizada. El 3 de julio pasado, Chávez Carrasco fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas de EU (ICE).
Gertz Manero cuestionó las críticas del gobierno estadounidense sobre la supuesta inacción durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, al recordar que desde entonces ya existía una carpeta abierta contra el hijo del famoso pugilista. Además, recalcó que la FGR había solicitado su extradición desde 2023 y que la detención en Estados Unidos respondía también a cargos pendientes en México por delitos relacionados con armas, drogas y delincuencia organizada.
Pese a estar detenido, Julio César Chávez Jr. ha promovido cinco amparos con el fin de obtener su libertad inmediata al momento de ser repatriado. Su defensa busca impedir cualquier detención en cuanto pise territorio nacional, aunque Gertz Manero señaló que esos recursos no proceden legalmente, ya que “nosotros no lo tenemos en nuestro poder”. El fiscal aseguró que este lunes 7 de julio se celebrará una audiencia clave en el proceso judicial.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, Chávez Jr. estaría vinculado al Cártel de Sinaloa debido a sus relaciones personales y presunta participación como golpeador bajo órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, uno de los jefes de sicarios de “Los Chapitos”. También se menciona una supuesta relación de su esposa, Frida Muñoz, con Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, la familia del boxeador ha negado categóricamente estas acusaciones.
Julio César Chávez padre se pronunció en defensa de su hijo a través de un comunicado en el que afirmó confiar en su inocencia y en que demostrará que no tiene vínculos con el narcotráfico. La familia ha dicho que el proceso legal en su contra está basado en suposiciones y en relaciones indirectas, no en hechos contundentes. Mientras tanto, ICE y el gobierno mexicano negocian una extradición “exprés” que aún no se concreta, a pesar de haber transcurrido varios días desde su detención.
La presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó que existe una orden de aprehensión desde 2019 en México contra Chávez Jr. por delitos federales graves. En su conferencia matutina del 4 de julio, expresó que espera que el deportado cumpla su sentencia en territorio nacional. Aclaró que el traslado está siendo gestionado por el Ministerio Público, y subrayó que su administración no intervendrá políticamente en el proceso judicial.
