Han pasado dos semanas desde que varios profesores y estudiantes se han sumado a alzar la voz en contra de las atribuciones y descaros de las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrícolas Xalapa de la Universidad Veracruzana. En su visión del cinismo y favoritismo, para complacer a gente corrupta dándole plazas o bien poniéndolas en puestos estratégicos, pero aquí haremos un resumen de lo esperemos que se asiente en el acta de junta académica.
- Actos de corrupción: Se han documentado actos de corrupción relacionados con el Secretario Académico y sus cómplices, incluyendo el nombramiento de la nueva Técnica Académica.
- Nepotismo y abuso de poder: Es necesario que la representante sindical aclare su participación en estos actos de corrupción y responda a las acusaciones de promover el consumo de alcohol entre estudiantes en su propiedad. Es inaceptable que la Universidad busque erradicar la adicción mientras se toleran estas conductas dentro del personal docente.
- Expulsión de personal: Se debe pedir una explicación clara sobre la expulsión de los vigilantes del estacionamiento, quienes laboraron por más de 25 años. La decisión de despedirlos por parte de las autoridades constituye un claro abuso de poder.
- Acoso laboral y administrativo: Se solicita una explicación sobre el acoso laboral contra el coordinador del posgrado y el acoso administrativo a los estudiantes. Además, se deben revisar los cambios en los perfiles de plazas, presuntamente alterados para favorecer a personas cercanas al exdirector.
- Violaciones a la seguridad: Es imperativo abordar por qué se permite que menores de edad jueguen en el laboratorio, un espacio donde se manejan reactivos corrosivos. Esta situación representa una clara violación a las normas de seguridad y la protección de la infancia, y es una falta grave penada por la ley.
- El comité evaluador, injustamente descalificado: como «poco profesional», merece una disculpa por negarse a participar en un acto de corrupción. También esperamos que el peso de la ley caiga sobre todos los implicados y que el concursante afectado los demande.
Esperamos que hoy se dé una respuesta a cada uno de estos puntos. Negar este derecho a la comunidad sería un acto de censura y falta de transparencia.
