La inminente posibilidad de que Javier Duarte obtenga la libertad anticipada ha reactivado la indignación social en Veracruz, donde colectivos de familias de desaparecidos y organizaciones civiles advierten que el exgobernador podría salir de prisión sin haber respondido por los más de 60 mil millones de pesos desviados durante su administración ni por las más de 3 mil 600 desapariciones forzadas ocurridas entre 2010 y 2016. Aunque la sentencia federal por lavado de dinero y asociación delictuosa concluye en 2026, su defensa afirma que ya cumplió el 96% de la pena y que no existen procesos vigentes en su contra, mientras que víctimas y especialistas señalan fallas estructurales en las investigaciones que han mantenido en la impunidad los delitos imputados al exmandatario.
La Fiscalía General de la República sostiene que Duarte enfrenta acusaciones abiertas a nivel estatal, mismas que podrían impedir su libertad incluso si obtiene el beneficio federal. Durante la audiencia realizada en el Reclusorio Norte, la FGR solicitó prórroga para presentar pruebas de estos señalamientos y anunció que llamará a seis testigos que, según su postura, demostrarían que la salida del político veracruzano no procede. La jueza Ángela Zamorano Herrera deberá decidir el 19 de noviembre si estos elementos jurídicos son suficientes para frenar la solicitud de libertad anticipada.
El historial de desvíos durante el gobierno duartista continúa generando cuestionamientos. En la ASF existen 70 denuncias por irregularidades superiores a 60 mil millones de pesos y en el Orfis otras 55 por un quebranto de 30 mil millones mediante empresas fantasma; sin embargo, la mayoría permanece sin judicializar. De los 25 exfuncionarios implicados, solo uno está actualmente en prisión, mientras que criterios de oportunidad, amparos o problemas de salud han permitido que los demás sigan sus procesos en libertad, pese a contar con bienes asegurados, entre ellos aviones, casas y terrenos cuyo destino y recuperación siguen sin esclarecerse.
Los señalamientos por violaciones a derechos humanos presentan un panorama igualmente grave. Colectivos como Solecito recuerdan que, aunque la Fiscalía estatal abrió un proceso por desaparición forzada, éste se limitó a entorpecimiento de la investigación del policía David Lara Cruz, caso que Duarte calificó de “chicanada judicial” y que fue desestimado. La denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional documenta la desaparición de 22 personas con participación de autoridades estatales, y los hallazgos en Colinas de Santa Fe —305 cráneos y 22 mil 500 restos— revelan la magnitud de la violencia durante su gobierno.
Investigaciones oficiales confirman patrones sistemáticos de desaparición forzada bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy testigo protegido. La carpeta FEADPD/ZCX/011/2017 expone 89 datos de prueba y más de 15 mil fojas que describen detenciones ilegales y la presunta implicación de la cadena de mando en al menos 250 desapariciones. Pese a ello, ningún alto funcionario de la SSP ha llegado a juicio y las acusaciones nunca alcanzaron directamente a Duarte, lo que ha derivado en fuertes críticas sobre la falta de eficacia de las instituciones de justicia en Veracruz.
En materia patrimonial, la FGR ha confiscado bienes valuados en cientos de millones de pesos, como el rancho Las Mesas, el predio El Faunito y otras propiedades en México y Estados Unidos. Aun así, investigaciones periodísticas recientes sugieren que la red de empresas fachada utilizada en el sexenio podría alcanzar hasta 400 compañías fantasma y un desvío de 276 millones de pesos documentado por el SAT que no figura en las denuncias de la ASF. Para el exgobernador, estas acusaciones son “falsedades” y asegura que nadie lo ha condenado por robar recursos públicos.
Mientras la FGR se prepara para presentar a sus testigos y la defensa incorpora los propios para demostrar “conducta ejemplar” y reinserción social, desde el gobierno federal se reconoce que Duarte está por cumplir su sentencia, aunque persisten dudas sobre si tiene procesos abiertos además de los mencionados. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “más allá de la sanción moral”, desconoce si hay causas adicionales que impidan su liberación, dejando en manos de la jueza y las autoridades veracruzanas la definición del futuro del exmandatario.
De obtener la libertad anticipada, Javier Duarte saldría cinco meses antes de completar el 100% de su sentencia, pero seguiría expuesto a cualquier orden de aprehensión derivada de procesos estatales. Colectivos y organizaciones advierten que sería una afrenta a las víctimas de desaparición y corrupción permitir que salga sin responder por los crímenes atribuidos a su administración, mientras el debate público se centra en la impunidad, las fallas institucionales y la falta de reparación del daño. La audiencia del 19 de noviembre será decisiva para determinar si Duarte continúa en prisión o enfrenta un nuevo escenario jurídico.
