El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política que será aplicada prioritariamente en ocho entidades donde se concentra el 66% de los casos de este delito: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. En estos territorios se desplegarán equipos especializados y se establecerán mecanismos interinstitucionales con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, FGR, UIF y gobiernos locales.
García Harfuch detalló que la nueva estrategia comenzará el próximo 1 de agosto y buscará frenar el crecimiento sostenido de la extorsión en el país, delito que puede manifestarse tanto de forma telefónica como presencial, bajo el conocido «cobro de piso». En lo que va de 2025, México ha registrado 4,882 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento del 82.3% respecto a 2015 y un 78.5% más que en 2018. La cifra más alta en un mes fue en marzo, con 1,046 víctimas.
En el anuncio, Harfuch estuvo acompañado por altos mandos del Gabinete de Seguridad, entre ellos el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien subrayó que, aunque se trata de un delito del fuero común, el gobierno federal no puede mantenerse al margen. Gertz advirtió que ya se identificaron los centros penitenciarios desde donde operan muchas de las llamadas extorsivas, y que se presentarán denuncias penales contra quienes resulten implicados, además de que cada mes se informará qué cárceles están involucradas.
La estrategia contempla cinco ejes: generar detenciones mediante labores de inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; aplicar protocolos de atención a víctimas; capacitar a operadores del número 089 en manejo de crisis y negociación; e implementar una campaña nacional de prevención. Asimismo, la UIF tendrá un rol clave al congelar cuentas bancarias asociadas a cobros de extorsión, y se promoverá el bloqueo judicial de líneas celulares usadas para este delito.
Durante la conferencia, se proyectaron dos videos dirigidos a sensibilizar a la ciudadanía sobre la extorsión y fomentar la denuncia anónima al 089. También se mencionó que personal de hoteles, cajeros de tiendas de conveniencia y bancos serán capacitados para prevenir secuestros virtuales y depósitos ilícitos. El objetivo es cerrar el cerco financiero y operativo a las redes que lucran con el miedo y la intimidación, tanto desde la calle como desde los penales.
García Harfuch informó que desde marzo se han canalizado más de 60 casos de extorsión a las áreas de investigación, gracias a llamadas recibidas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana en 20 estados. Como parte de estas acciones se logró la captura de varios presuntos delincuentes, como Santiago “N” en Tabasco, Alfredo “N” en Zacatecas, y tres sujetos en Quintana Roo ligados al narcomenudeo y extorsión. Además, se desarticuló una célula criminal llamada “La Barredora”.
La dimensión del problema fue ilustrada con cifras: el Estado de México lidera con 2,048 carpetas de investigación abiertas por extorsión; le siguen Guanajuato (879), Nuevo León (645), Ciudad de México (602), Veracruz (585), Jalisco (178), Michoacán (124) y Guerrero (47). Estas entidades serán objeto de una atención focalizada, con presencia permanente de fuerzas federales y fiscalías locales para acelerar investigaciones y generar condiciones para que las víctimas puedan denunciar sin miedo.
Finalmente, se destacó que esta estrategia fue instruida directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y se basa en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que amplía las facultades para investigar y desmantelar estructuras delictivas. “Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras”, concluyó García Harfuch.
