A 33 años de uno de los peores accidentes químicos en la historia de México, los habitantes de Guadalajara volvieron a reunirse para recordar el 22 de abril de 1992, cuando el suelo de la colonia Analco estalló bajo sus pies. Aquel día, una cadena de explosiones arrasó con más de ocho kilómetros de calles, casas y negocios. La devastación fue tal que cuerpos salieron despedidos, autos terminaron en azoteas y las calles se convirtieron en cráteres humeantes. El saldo oficial fue de 212 muertos, aunque hay quienes sostienen que la cifra real supera los 700.
La catástrofe fue provocada por un derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara. El combustible se filtró a los ductos del drenaje, y la acumulación de vapores inflamables, atrapados por obras de construcción, creó una olla de presión subterránea que estalló cuando los vapores alcanzaron su punto de ignición. El accidente no sólo causó pérdidas humanas, también contaminó suelo y agua en una superficie estimada de 250 hectáreas, alterando para siempre el ecosistema urbano.
Aquel día no llegó sin advertencias. Vecinos reportaron olor a gas desde la madrugada. Autoridades ignoraron los avisos y, según testimonios, incluso desestimaron la gravedad del problema horas antes de la tragedia. El entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, fue informado por funcionarios que el problema ya se había resuelto. Pero a las 10:05 de la mañana, la tierra habló: una serie de explosiones arrasó todo a su paso, dejando sólo escombros y muerte.
Aunque en su momento la Procuraduría General de la República culpó a talleres y pequeñas industrias por los residuos en el drenaje, en 2002 se reveló que el desastre se debió a una operación errónea en Pemex. Periodistas jaliscienses confirmaron que operadores cerraron las válvulas de un ducto 20 minutos antes de lo previsto, lo que elevó la presión interna y provocó múltiples fugas de gasolina que se colaron al subsuelo.
Las consecuencias no terminaron con el fuego. Decenas de víctimas sobrevivientes quedaron con secuelas físicas y emocionales. Durante años, el reclamo por justicia y apoyo ha sido constante. A pesar de la creación de un fideicomiso, muchas personas aún no reciben el total de las pensiones, y los servicios médicos son escasos o están lejos de la zona afectada. La lucha ha continuado gracias a figuras como Lilia Ruiz, quien recientemente se despidió de la presidencia de la Asociación 22 de Abril tras más de tres décadas de activismo.
Este año, los gobiernos estatal y municipal refrendaron su compromiso con los afectados. El gobernador Pablo Lemus propuso que el fideicomiso sea garantizado por ley y actualizado con la inflación. Guadalajara aportará 4 millones de pesos y el estado, 5.5 millones. Se busca así evitar que futuras administraciones repitan el abandono que caracterizó a gobiernos anteriores, como el de Enrique Alfaro, quien fue obligado por amparos a cumplir sus obligaciones con los damnificados.
La tragedia de Guadalajara no es un hecho aislado. México ha sufrido otros accidentes químicos, como las explosiones de gas LP en Tlalnepantla en 1984, el estallido de un almacén de pirotecnia en Celaya en 1999, la tragedia de la Guardería ABC en 2009 y la explosión de un ducto clandestino en Tlahuelilpan en 2019. Todos ellos dejaron cientos de muertos y una lección que aún parece no haberse aprendido del todo.
Para evitar que algo así vuelva a repetirse, el Centro Nacional de Prevención de Desastres insiste en medidas como el manejo seguro de residuos peligrosos y la vigilancia de la infraestructura urbana. No tirar gasolina ni aceite al drenaje es más que una recomendación: es una obligación colectiva. Porque, como dijo la alcaldesa Verónica Delgadillo, «la corrupción y el silencio costaron vidas».
Hoy, el barrio de Analco no olvida. Con flores blancas, simulacros, y una escultura que lleva por nombre “Estela contra el olvido”, las víctimas del 22 de abril siguen hablando. Su memoria exige justicia, y su tragedia sigue siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando la negligencia se convierte en norma.
