El pleno de la Cámara de Senadores aprobó una controvertida reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Con 71 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 36 en contra del PAN, PRI y MC, y dos abstenciones, el decreto se remitió al Ejecutivo para su eventual promulgación y vigencia. Esta reforma busca fortalecer la operatividad del Infonavit y garantizar un acceso equitativo a la vivienda para la clase trabajadora.
La modificación legislativa fue fundamentada por las comisiones de Reordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, quienes señalaron que los cambios permitirán una mayor transparencia en la gestión de recursos y facilitarán el financiamiento de viviendas dignas. Los legisladores destacaron que la iniciativa se alinea con el compromiso de ampliar el acceso a la vivienda social, adaptándose a nuevas modalidades de financiamiento y arrendamiento con opción a compra.
Entre las propuestas aprobadas, se establecen medidas para que el Infonavit pueda construir vivienda y gestionar un sistema de créditos accesibles para trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos. La reforma también contempla un plan de desarrollo que permitirá al Instituto adquirir terrenos, recibir donaciones y construir inmuebles, fortaleciendo la soberanía en materia de vivienda para millones de mexicanos.
El grupo parlamentario del PAN criticó duramente la reforma, afirmando que su verdadero objetivo es que el gobierno se apodere de los 2.4 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores, afectando a 77 millones de familias. La senadora Gina Campuzano señaló que no se especifica el modelo de vivienda que se ofertará y advirtió que una nueva empresa constructora, de carácter privado, administrará estos recursos sin la adecuada auditoría del Estado.
Asimismo, el PAN y el PRI manifestaron su rechazo al riesgo de que la reforma permita al gobierno tomar control total del Infonavit y, con ello, de los recursos acumulados a lo largo de la vida laboral de los trabajadores. Mely Romero, del PRI, enfatizó que estos fondos son el fruto de las aportaciones de millones de trabajadores y que su destino debe quedar claramente establecido en la ley, sin expropiaciones encubiertas.
En defensa de la reforma, legisladores de Morena como Alfonso Cepeda Salas argumentaron que la enmienda establece un sistema de vivienda con orientación social que corrige los fallos del modelo neoliberal. Según Cepeda Salas, la reforma busca evitar que la clase trabajadora se vea agobiada por créditos impagables, garantizando viviendas de calidad y accesibles que protejan el patrimonio de los trabajadores.
El Senado aprobó en lo particular los artículos no reservados del dictamen con 67 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención, enviando el documento al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los senadores manifestaron que este paso es fundamental para que el pueblo de México tenga acceso a vivienda digna y se cumpla la promesa de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Por último, el Congreso también dio luz verde a la polémica reforma, que se enmarca en la promesa de construir un millón de viviendas de interés social. La iniciativa prevé que 500,000 viviendas sean construidas a través del Infonavit, mientras que las otras 500,000 se financiarán mediante la Comisión Nacional de Vivienda y los recursos de Financiera del Bienestar. Aunque la reforma ha generado fuertes críticas de las bancadas de oposición, que la acusan de expropiar los ahorros de los trabajadores, el oficialismo defiende que se trata de una estrategia necesaria para garantizar una vivienda digna y asequible en México.
