La comunidad laboral del periódico La Jornada alertó este domingo a sus lectoras y lectores sobre un intento de huelga que consideran ilegítimo, encabezado por un pequeño grupo de trabajadores apoyados por personas ajenas al medio. En un mensaje firmado por 249 de los aproximadamente 300 integrantes de la casa editorial, los empleados aseguraron que el paro anunciado para el primer minuto del lunes 26 de mayo nunca fue consultado en asamblea ni votado por la base laboral. Según explicaron, se enteraron de la convocatoria únicamente por redes sociales, lo que calificaron como una acción minoritaria que busca pasar por encima del compromiso informativo del diario.
La tensión interna escaló luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), conformado por al menos 51 empleados, comunicara su intención de suspender labores. El Sitrajor argumenta que la administración ha buscado durante años cancelar el contrato colectivo, debilitar al sindicato y llevar a la empresa a una crisis financiera, pese a ser una de las principales beneficiarias de la publicidad oficial. Según el sindicato, han existido audiencias fallidas para dialogar con directivos, además de llamados infructuosos a los accionistas para intervenir y resolver el conflicto.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informaron que un juez federal laboral otorgó una prórroga de 10 días para el posible estallamiento de huelga, ahora reprogramado para el primer minuto del jueves 5 de junio. La decisión busca abrir un espacio para que la empresa y el sindicato dialoguen y encuentren un acuerdo que evite la suspensión de actividades. Las autoridades laborales aseguraron que redoblarán esfuerzos para facilitar la conciliación, bajo un marco de respeto a los derechos laborales y la legalidad vigente.
El conflicto sindical, sin embargo, mantiene dividido al personal de La Jornada. Mientras el sindicato insiste en que se trata de una lucha legítima por los derechos laborales y contra decisiones que ponen en riesgo la estabilidad del medio, la mayoría de los empleados señala que la medida fue tomada sin consulta y representa un atropello a su trabajo y a los lectores. “Es una acción de una minoría, sin representación legítima, que atenta contra la voluntad de quienes hacemos La Jornada. No lo vamos a permitir”, destacaron los 249 trabajadores firmantes del comunicado.
El paro anunciado generó preocupación entre la comunidad lectora, a la que el diario pidió comprensión ante los posibles inconvenientes que puedan surgir. En su mensaje, los trabajadores aseguraron que continuarán laborando para mantener el compromiso informativo que los caracteriza y defenderán su derecho a ser consultados sobre decisiones que afecten a toda la empresa. Las próximas negociaciones serán clave para definir si el paro se materializa en junio o si ambas partes logran llegar a un acuerdo que evite la huelga.
El caso de La Jornada refleja la complejidad de los conflictos laborales en los medios de comunicación, donde las tensiones sindicales, las crisis financieras y las demandas por mantener la independencia editorial se cruzan constantemente. En un contexto de incertidumbre, los próximos días pondrán a prueba la capacidad de diálogo entre directivos y trabajadores, mientras la audiencia sigue atenta al desenlace.
