La aprehensión de Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, ha sacudido tanto al mundo empresarial como deportivo en México. Tras cuatro años prófugo, Álvarez fue capturado al sur de la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Está acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude, con un presunto desfalco de 429 millones de pesos y 44 millones de dólares al frente de la cementera y el club de fútbol Cruz Azul.
Desde 2020, un juez emitió una orden de captura contra Álvarez y otros directivos, quienes supuestamente operaron un esquema de empresas fantasma para desviar recursos. Entre los involucrados destacan su hermano, José Alfredo Álvarez, y su cuñado Víctor Manuel Garcés, además de asesores legales que posteriormente colaboraron con las autoridades para exponer los manejos ilícitos.
La cooperativa reaccionó celebrando la captura y agradeciendo a las autoridades su labor. En un comunicado, los socios señalaron que la detención representa un avance hacia el fin de la impunidad en el país, destacando la necesidad de justicia para el patrimonio de la empresa, sus trabajadores y los jubilados afectados por las decisiones de Álvarez.
Por su parte, el actual presidente de la cooperativa, Víctor Velázquez, advirtió sobre posibles represalias en su contra y responsabilizó directamente a la familia Álvarez de cualquier daño que pudiera ocurrirle. En sus declaraciones, subrayó que el exdirectivo utilizó su poder para asegurar beneficios personales y mantener un control indebido sobre la empresa, a costa de los intereses de los socios y empleados.
El caso no solo expone el alcance del presunto fraude, sino también la complejidad de las redes que facilitaron estos delitos durante décadas. Empresas como Trans Nau y Corporativo Facundia, entre otras, están vinculadas a operaciones simuladas para el desvío de fondos, en perjuicio de miles de trabajadores. La Unidad de Inteligencia Financiera intervino las cuentas de Álvarez en 2020, pero estas fueron desbloqueadas por un amparo.
Con Álvarez ahora recluido en el penal de Almoloya de Juárez, se espera que las autoridades continúen investigando y se establezcan las sanciones correspondientes a todos los responsables. Este suceso marca un precedente en la lucha contra la corrupción corporativa en México, dejando claro que incluso las figuras más poderosas pueden ser llamadas a rendir cuentas
