Con la reciente aprobación de la versión biométrica de la Clave Única de Registro de Población (CURP), México se prepara para implementar un sistema de identificación basado en datos personales como huellas dactilares, iris, rostro y firma digital. Aunque este documento pretende fortalecer la seguridad y reducir fraudes, su adopción inicial, que ya comenzó en municipios veracruzanos como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, ha coincidido con el rechazo de familias de desaparecidos, que acusan que el nuevo padrón nacional servirá para vigilancia masiva bajo el pretexto de mejorar las búsquedas.
A nivel nacional, el trámite será gratuito y obligatorio, con entrada en vigor estimada para el segundo semestre de 2025, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, diversos colectivos ya han manifestado su preocupación, no tanto por la CURP biométrica en sí, sino por el contexto legal que la acompaña, como las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que permitirán a las autoridades acceder a registros de llamadas, ubicaciones y otros datos sin orden judicial previa.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas clausuraron simbólicamente la Cámara de Diputados para protestar contra los cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Denunciaron que, lejos de atender sus demandas, las reformas fueron aprobadas sin su consulta y únicamente reducen el número oficial de desaparecidos al eliminar registros administrativos, sin abordar la crisis humanitaria de fondo.
La crítica principal gira en torno al uso de una plataforma nacional de identidad que, según el gobierno, agilizará las labores de búsqueda. Sin embargo, los activistas consideran que se trata de una herramienta de espionaje masivo. Jorge Verástegui, defensor de derechos humanos, afirmó que “es un caballo de Troya”, con el que se pretende justificar un sistema de vigilancia intrusivo aprovechando el sufrimiento de las familias.
Madres buscadoras también han alzado la voz, advirtiendo que este tipo de tecnologías las expone a mayores riesgos. Señalan que ya enfrentan amenazas constantes por buscar a sus hijos y que, con el acceso gubernamental a sus movimientos y datos personales, su seguridad se verá aún más comprometida. “Nos van a matar”, expresó una de ellas durante una de las movilizaciones, asegurando que esta ley aumenta su vulnerabilidad en lugar de protegerlas.
Pese a las advertencias, la reforma fue aprobada por mayoría legislativa, y aunque los impulsores aseguran que fortalecerá los sistemas de búsqueda, críticos subrayan que no se resolvieron aspectos claves como la clasificación de desapariciones previas a 2018 ni el tratamiento de casos denunciados como secuestro o privación de la libertad. En respuesta, diversas organizaciones ya han anunciado que buscarán impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La implementación de la CURP biométrica, en este panorama, podría verse empañada por la falta de confianza hacia el Estado. Aunque en principio se trata de un avance administrativo, el hecho de que se le vincule a reformas opacas y sin consenso social podría generar resistencia ciudadana, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Para las familias de personas desaparecidas, el problema no es la tecnología, sino el uso político que se hace de ella. “Los políticos se van en seis años, pero nosotros seguimos aquí”, declaró Jorge Verástegui. En su opinión, una verdadera solución debería centrarse en justicia, verdad y participación plena de las víctimas, no en instrumentos que priorizan el control sobre la empatía.
