La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció 19 años en prisión acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda. La decisión histórica del tribunal confirmó que la sentencia contra González se basó en pruebas obtenidas bajo tortura, coacción y violaciones graves al debido proceso, lo que deja en evidencia uno de los casos más emblemáticos de fabricación de culpables en la historia judicial de México.
El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fue aprobado por mayoría de cuatro votos a uno en la Primera Sala de la Corte. En él se argumenta que la confesión que sirvió de base para condenar a González Lomelí no fue libre ni voluntaria, sino resultado de intimidaciones y amenazas sufridas en instalaciones de la Procuraduría General de la República. Además, se señaló que otras pruebas halladas después —como una gota de sangre y una licencia de conducir— también fueron obtenidas de forma irregular, pues las primeras inspecciones no arrojaron evidencia alguna en el domicilio de la acusada.
La noche del 11 de junio de 2025, pasadas las 23:00 horas, Juana Hilda González abandonó el Centro Federal de Reinserción Social número 16 en Morelos, escoltada por personal de la Defensoría Pública Federal. A su salida expresó conmovida: “Estoy en shock, todavía no lo puedo creer. Gracias a mi equipo”. Sus abogados y representantes legales confirmaron que se le entregó la constancia de libertad y fue trasladada a su domicilio en la Ciudad de México. La imagen de su liberación fue difundida en redes sociales por el periodista Ricardo Raphael, quien ha documentado extensamente las irregularidades del caso Wallace.
El expediente que incriminó a González Lomelí se construyó durante años con apoyo de autoridades ministeriales, jueces y medios de comunicación. Según la propia acusada, en 2006 fue forzada a autoinculparse bajo amenazas de daño físico y psicológico contra ella y su familia, incluyendo a su hija de apenas diez años de edad, quien también fue usada como herramienta de presión. La Corte consideró que estos elementos vulneraron gravemente los derechos humanos de la procesada y de su entorno familiar.
La resolución de la Suprema Corte ha generado diversas reacciones. La Defensoría Pública Federal calificó la sentencia como un parteaguas para otros cinco casos relacionados con el expediente Wallace, cuyas pruebas también derivaron de tortura y manipulación. Por su parte, la Oficina en México de la ONU-DH reconoció la importancia de esta decisión para la defensa del debido proceso y la erradicación de la tortura como método de investigación penal. La Fiscalía General de la República, sin embargo, había solicitado sin éxito aplazar la resolución, argumentando que era inoportuna tras la reciente muerte de Isabel Miranda.
El periodista Ricardo Raphael insistió en que esta sentencia abre la puerta a revisar otros expedientes del caso Wallace. Recordó que personas como Jacobo Tagle y Brenda Quevedo siguen en prisión sin sentencia definitiva, así como César Freyre y los hermanos Castillo, quienes continúan litigando amparos. Raphael advirtió que el fallo no sólo exige la liberación de inocentes, sino la investigación y sanción de los responsables que participaron en la fabricación de este montaje judicial, que involucra a autoridades de diversos niveles.
