El senador Gerardo Fernández Noroña enfrenta cuestionamientos en Tepoztlán, Morelos, por su residencia conocida como “La Casa del Silencio”, valuada en 12 millones de pesos. El alcalde Perseo Quiroz Rendón aseguró que, más allá de la legalidad comunal, el legislador debería cumplir con sus obligaciones fiscales, como el pago de predial y servicios municipales. La propiedad ha despertado indignación entre comuneros y autoridades, quienes señalan irregularidades en su adquisición y registro.
De acuerdo con el Comisariado de Bienes Comunales y el Ayuntamiento, el inmueble carece de registro comunal y catastral, por lo que no paga impuestos locales. Aunque el senador declaró la casa en su patrimonio ante el Senado, oficialmente no aparece a su nombre ni al de su esposa, Emma Ocampo Silva. La falta de transparencia ha encendido protestas, como la que se realizó frente a la vivienda con pancartas y mantas exigiendo su restitución al pueblo.
La casa está ubicada en el paraje de Mozoquilla, entre Santo Domingo Ocotitlán y Santo Domingo, en los límites del Parque Nacional El Tepozteco. Según la declaración patrimonial del legislador, el predio tiene 1,201 metros cuadrados y la construcción alcanza 259 metros cuadrados, cifra que rebasa los límites de ocupación permitidos por el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET). Además, cuenta con energía eléctrica, lo que también contraviene la normativa ambiental vigente.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Félix Cuevas, subrayó que en Tepoztlán no existe propiedad privada, ya que las tierras son comunales o ejidales. Explicó que, legalmente, lo único que se otorgan son constancias de posesión, por lo que las compras con escrituras o contratos privados son irregulares. “Noroña adquirió el predio en esas condiciones, como muchos otros externos”, afirmó.
El alcalde Quiroz Rendón detalló que en la base de datos municipal no existe registro del inmueble ni de contribuciones fiscales asociadas. Aseguró que, si bien el senador es visto con frecuencia en la localidad, no se le puede considerar vecino formal porque no tiene residencia reconocida ni cumple con obligaciones tributarias. Resaltó que esta situación se repite en varios predios de alto valor, lo que agrava la presión inmobiliaria y reduce la recaudación fiscal.
Desde el área ambiental, el director Jesús Felipe Martínez Garduño advirtió que la construcción de “La Casa del Silencio” viola lineamientos ecológicos, pues excede el límite de construcción permitido y no respeta materiales sustentables recomendados. Además, al no contar con drenaje, la vivienda debería utilizar sistemas de biodigestión, algo que no ha sido confirmado.
El abogado Carlos Rojas Almazán, asesor de la Comisaría de Bienes Comunales, sostuvo que la compraventa de ese terreno es jurídicamente imposible porque se trata de tierra social “inembargable, imprescriptible e inalienable”. Señaló que el legislador no puede hipotecar ni gravar la superficie y que su único derecho sería de uso, no de propiedad. El caso será discutido en la Asamblea de Comuneros el próximo 7 de septiembre, donde podría plantearse un juicio de restitución.
La tensión creció el viernes cuando comuneros protestaron afuera de la residencia del senador, exigiendo que se devuelva al pueblo. “Al pueblo lo del pueblo, exigimos que se restituya esta casa a Tepoztlán”, se leía en una manta con la fotografía de Fernández Noroña. El conflicto refleja no solo un choque legal y político, sino también la resistencia histórica del pueblo tepozteco a la privatización de sus tierras y al desplazamiento por gentrificación.
