La ex presidenta del DIF estatal de Veracruz, Karime Macías Tubilla, no será extraditada a México luego de que el gobierno del Reino Unido le concediera asilo político desde el año pasado, lo que dejó sin efecto la autorización judicial que existía desde 2022 para su entrega a las autoridades mexicanas. La decisión pone fin a un proceso legal que se prolongó durante varios años y que mantenía en suspenso su situación jurídica.
La ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, era requerida por la justicia mexicana por presuntos desvíos de recursos públicos por 112 millones de pesos durante su gestión en el DIF estatal, a través de contratos con empresas fantasma. Las autoridades habían girado una orden de aprehensión desde 2018 y, posteriormente, se solicitó su extradición para enfrentar los cargos.
Macías se trasladó a Londres en 2017 junto con sus hijos, tras el inicio de las investigaciones contra Duarte, quien fue detenido ese mismo año en Guatemala. En 2019 fue arrestada por autoridades británicas con fines de extradición, pero obtuvo su libertad bajo fianza y permaneció con brazalete electrónico mientras avanzaban las audiencias judiciales.
En febrero de 2022, un tribunal británico autorizó su extradición; sin embargo, el proceso quedó suspendido debido a la solicitud de asilo político que promovió su defensa. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, los abogados argumentaron persecución política, así como presuntas irregularidades en la integración del expediente presentado por autoridades mexicanas.
Entre los señalamientos expuestos por su defensa estuvo la difusión pública de su domicilio y la obtención de declaraciones en su contra mediante supuestos actos de tortura. También se señaló que algunos delitos imputados habrían prescrito, lo que debilitó la solicitud de extradición y permitió que el gobierno británico otorgara la protección internacional.
Con la concesión del asilo, Macías recuperó plenamente su libertad de movimiento en territorio británico y dejó de utilizar el dispositivo de localización. Además, el fallo dejó sin efecto la resolución del juez Paul Goldspring, presidente de la Corte de Magistrados de Londres, quien había avalado su entrega a México.
Mientras tanto, Duarte permanece preso en el Reclusorio Norte y enfrenta nuevas acusaciones por peculado relacionadas con presuntos desvíos de recursos destinados a personas con discapacidad durante su administración. El caso vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos públicos en Veracruz y genera cuestionamientos sobre los alcances de la cooperación internacional en materia de justicia.
