La justicia federal desechó los amparos promovidos por los académicos Jorge Manzo Denes y Marisol Luna Leal en contra de la prórroga concedida por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) al actual rector Martín Aguilar Sánchez. Ambos buscaban impugnar el proceso que permitió su permanencia por otros cuatro años en el cargo, pero los jueces federales determinaron que los señalamientos carecen de fundamento jurídico para ser admitidos.
En el caso de Jorge Manzo, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito resolvió que los actos reclamados eran “futuros de realización incierta” y no generaban una afectación directa, por lo que el juicio de amparo no procedía. El académico había acusado que la concesión de la prórroga impedía iniciar un proceso abierto de auscultación pública para elegir nuevo rector, pero el juez señaló que no podía considerarse aún como afectación jurídica real.
Respecto al caso de Marisol Luna, el Juzgado Cuarto de Distrito también desechó su demanda por falta de interés legítimo. La académica cuestionaba los artículos 10 de la Ley de Autonomía y 36 de la Ley Orgánica de la UV, argumentando que éstos limitaban su derecho a participar en la elección. Sin embargo, el juzgado resolvió que Luna Leal no acreditó que tuviera un derecho violado, pues no hay obligación de garantizarle participación en un proceso que legalmente puede no ocurrir por prórroga.
La decisión de ampliar el mandato de Aguilar Sánchez ha provocado una fuerte oleada de inconformidad dentro de la comunidad universitaria. Tres exrectores de la UV —Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez— hicieron un llamado público para desconocer la prórroga, calificándola como una “grave transgresión” a la normatividad universitaria y un intento de “secuestro” institucional por parte de la Junta de Gobierno.
Los exrectores señalaron que la decisión fue tomada al margen de la legalidad y sin respetar los mecanismos de participación universitaria. Subrayaron que el Consejo Universitario General, como máximo órgano colegiado de la UV, tiene la responsabilidad de rechazar el procedimiento y defender la autonomía y legalidad institucional. Lamentaron que se haya cerrado la posibilidad de contraste de proyectos en un proceso abierto.
Además, recordaron que el rector Aguilar Sánchez se encontraba impedido por edad para reelegirse mediante una convocatoria pública, por lo que la prórroga le permitió sortear dicho impedimento sin tener que someterse a los requisitos legales del proceso de reelección. Esta situación ha sido vista por muchos como un mecanismo discrecional para aferrarse al poder.
La controversia ha generado una amplia reacción entre estudiantes, docentes y personal universitario, quienes han expresado su rechazo a la prórroga sin convocatoria, al considerarla un acto excluyente y opaco. Aunque la vía judicial parece cerrada, los sectores críticos han empezado a movilizarse para exigir una revisión de lo acordado por la Junta de Gobierno.
A pesar del respaldo legal que la prórroga ha recibido, los exrectores insisten en que esta debe ser desconocida por la comunidad universitaria, ya que atenta contra el derecho colectivo de elegir libremente a su rector. La discusión promete escalar hacia una crisis interna, donde la legitimidad del liderazgo universitario se verá constantemente cuestionada en los próximos años.
