Hace algunos días mencionábamos la teoría del colombiano Jorge Eliécer Gaitán sobre la existencia del país político y el país nacional. El país político, como aquel que se desarrolla en las tribunas parlamentarias, en los cabildeos entre partidos políticos o en los medios de comunicación. Mientras que el país nacional es aquel que verdaderamente afecta la vida diaria de la gente: el precio de la gasolina, los baches, la escasez de agua y demás cosas por el estilo.
Ayer se consumó una de las más grandes ambiciones políticas de la 4T: alinear a los tres Poderes de la Unión en torno a un mismo proyecto político y, desde luego, de una cierta orientación ideológica. A partir de ayer, la interpretación de la Constitución estará en manos de una Corte cercana a Morena, como lo estuvo la Corte de 1994 a 2025 al PRI y al PAN. Esto flota en ese país político.
Por otra parte, en asuntos que verdaderamente afectan la vida de la gente, también tomó protesta el nuevo Poder Judicial del Estado de Veracruz, del que dependerán los asuntos que agravian o alivian a la gente.
En Los peligros de la reforma judicial (Ver aquí) mencionábamos que, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) realizado por el INEGI en 2024, Veracruz tenía un rezago de 374,000 asuntos pendientes de resolver, de los cuales 234,050 son asuntos familiares (divorcios, pensión alimenticia de niñas y niños, custodia de los hijos, etc.); 12,573 son asuntos penales, por un lado gente en la cárcel —gracias a la prisión preventiva— sin recibir sentencia (a lo mejor siendo inocentes). El resto varía por materia. En suma, aquí está la verdadera preocupación e indignación de la gente: en el país nacional.
El reto de la Magistrada Rosalba Hernández es enorme. Poner orden tanto en los asuntos de los justiciables como en la rendición de cuentas del Tribunal Superior de Justicia. Tiene dos ventajas similares a las que tuvo la Gobernadora Rocío Nahle al entrar:
- Cuenta con legitimidad (tanto democrática, como por su experiencia jurisdiccional), es respetada por el gremio jurídico, y;
- Su antecesora, Lisbeth Aurelia Jiménez, hizo las cosas pésimo, prestándose a bajezas como defenestrar a la difunta magistrada Sofía Martínez, alcahuetear a Cuitláhuac García en los encarcelamientos abusivos mediante el delito de ultrajes a la autoridad, delito que por cierto la Corte saliente declaró inconstitucional y obligó a los jueces locales a liberar miles de personas injustamente encarceladas; o el cuestionable uso de recursos públicos para fines personales como viajes, comidas de lujo y hasta ropa.
Los rituales con los pueblos originarios están bien, es entendible que forman parte de una pedagogía política y de una narrativa que viene desde la Ciudad de México. Lo que de verdad importa está aquí, en la justicia de la vida real.
