El periodista campechano Jorge Luis González Valdez y el medio digital Tribuna enfrentan nuevas restricciones judiciales que han generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El pasado 15 de julio, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May impuso medidas cautelares que incluyen la designación de un censor oficial para revisar previamente cualquier contenido periodístico relacionado con la gobernadora Layda Sansores San Román.
Estas medidas implican que tanto las publicaciones personales del periodista como los contenidos difundidos por Tribuna deberán contar con autorización previa de una persona designada por el Tribunal Superior de Justicia del estado. González calificó estas disposiciones como un ataque directo a su derecho constitucional de libertad de expresión, especialmente luego de que un tribunal federal había revocado previamente otras sanciones similares.
Desde el gobierno estatal se ha argumentado que las restricciones son necesarias para evitar la revictimización de la mandataria, a quien supuestamente las publicaciones del periodista han atacado con misoginia y discursos de odio. Juan Pedro Alcudia Vásquez, consejero jurídico de Campeche, afirmó que las medidas no buscan censurar, sino proteger a las mujeres de violencia digital y mediática. Sansores, por su parte, acusó a González de promover agresiones desde su plataforma informativa.
No obstante, el periodista aseguró que se trata de una estrategia para silenciar voces críticas durante los últimos dos años de la gestión de Sansores. González advirtió que esta censura previa atenta contra los principios del periodismo, pues obliga a esperar entre 24 y 48 horas para publicar notas, lo que, según él, convierte a la información en obsoleta. Además, reveló que promoverán un nuevo amparo contra esta resolución judicial.
La Alianza de Medios Mx y la organización Artículo 19 condenaron enérgicamente la decisión de la jueza, al considerarla una forma de censura previa prohibida por la Constitución mexicana y por tratados internacionales. Ambas organizaciones alertaron que esta medida sienta un precedente peligroso que podría ser replicado en otras entidades del país.
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, señaló que los tribunales estatales rara vez actúan con imparcialidad, por lo que preocupa que se utilicen como instrumentos para silenciar a la prensa crítica. Enfatizó que la censura previa es incompatible con cualquier régimen democrático y llamó a la intervención de instancias federales para frenar estos abusos.
González, periodista con más de cinco décadas de trayectoria, subrayó que la medida no solo lo afecta a él, sino que representa una amenaza directa a toda la prensa libre del país. Advirtió que el autoritarismo avanza cuando no hay una reacción firme ante este tipo de atropellos. “Lo que hoy ocurre en Campeche podría repetirse en otros estados si no se detiene a tiempo”, concluyó.
