El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara medidas cautelares para frenar la elaboración y difusión de los llamados “acordeones” que buscan inducir el voto en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Aunque no se ha identificado a las personas o grupos responsables de estos materiales, el Consejo General considera urgente actuar para proteger los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad del proceso. El proyecto, que será votado este jueves, señala que estos documentos vulneran el derecho a un sufragio libre, especialmente ante la inminente llegada del periodo de veda y la jornada electoral.
Los acordeones circulan en múltiples formatos y son utilizados para instruir a los votantes sobre qué candidaturas apoyar, tanto a nivel local como federal. Las medidas del INE buscan que cualquier persona o grupo se abstenga de elaborar o difundir estos materiales, ya que la propaganda electoral por parte de terceros está prohibida durante la veda y el día de la elección. Incluso programas informativos, como el de Carmen Aristegui, han mostrado públicamente estos materiales, lo que confirma su presencia en distintas partes del país.
Las autoridades electorales ya investigan varios casos específicos. En Nuevo León, por ejemplo, se denunció que el gobierno estatal estaría organizando operativos para movilizar empleados públicos, quienes deberían llevar a 10 votantes cada uno para apoyar a candidatos específicos, usando acordeones que contienen los nombres y números de las personas que deben marcarse en las boletas. Este tipo de prácticas, de comprobarse, constituirían delitos electorales y ya han sido notificadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL).
En la Ciudad de México, los acordeones no solo apuntan a candidatos locales, sino también nacionales. En la alcaldía Miguel Hidalgo, personal de Participación Ciudadana habría repartido estos materiales, sugiriendo el voto por nombres cercanos a figuras del PAN y de la 4T, como Karla Yolanda Cabello Vázquez, Yamil Villalba Villarreal, Víctor Manuel Rocha Mercado, Celia Maya y Eva Verónica de Gyves Zárate. Ante estos señalamientos, algunas candidaturas han presentado deslindes formales ante el INE, negando cualquier relación con estos métodos de promoción.
La Jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que ningún funcionario de su administración participará en actividades relacionadas con la elección judicial, señalando que esta posición responde tanto a un mandato legal como a una convicción personal. Sin embargo, uno de los procedimientos abiertos por el INE involucra al gobierno capitalino, debido a denuncias sobre servidores públicos distribuyendo acordeones en horario laboral en Álvaro Obregón, alcaldía gobernada por Javier López Casarín, aliado de Marcelo Ebrard.
El caso de Nuevo León también involucra nombres directamente ligados a Movimiento Ciudadano y al gobernador Samuel García. Las denuncias refieren que funcionarios estatales participaron en sesiones de adoctrinamiento para movilizar votos a favor de aspirantes alineados tanto con el gobernador como con la Cuarta Transformación, incluyendo nombres como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Paula María García Villegas y Magda Zulema Mosri. Ante este panorama, el INE insiste en que los partidos políticos tienen estrictamente prohibido intervenir en esta elección judicial.
La consejera electoral Dania Ravel subrayó que, aunque los procedimientos de investigación toman al menos 11 días, el INE ya ha abierto dos procedimientos sancionadores y tres cuadernos auxiliares. Las resoluciones podrían impactar tanto en la validez de la propaganda como en la sanción a los responsables, involucrando incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las medidas del INE buscan asegurar que el ejercicio democrático del próximo domingo se realice bajo condiciones de legalidad, libre de coacción y manipulación.
