La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz infringieron las normas de equidad en la contienda al inicio de sus campañas para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque se reconocieron las violaciones, no se aplicaron medidas cautelares debido a que los contenidos denunciados ya habían sido retirados de las redes sociales.
En el caso de la ministra Esquivel, se le denunció por participar y difundir el evento “Diálogos por la transformación de la justicia en México”, celebrado el 30 de marzo en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Se argumentó que hizo uso indebido de recursos públicos al grabar un video promocional en instalaciones de la Suprema Corte y difundirlo en redes sociales.
Adicionalmente, se le acusó de distribuir propaganda electoral impresa en el lugar del evento y de incluir a personas menores de edad en el contenido difundido en la red social X. Estas acciones fueron consideradas como violaciones a la normativa electoral vigente, lo que llevó al INE a confirmar la infracción.
Respecto a la ministra Ortiz, se revisó la difusión de un video en el que presuntamente se observan personas servidoras públicas adscritas a su ponencia. Sin embargo, se declaró improcedente la adopción de medidas cautelares, ya que en la publicación no se identifican como tales a dichas personas y se requiere de un acto objetivo para acceder a dicha publicación.
El equipo de la ministra Esquivel explicó que el INE no tiene la atribución de determinar si existe o no una violación a la ley electoral, y que dicha responsabilidad corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que el proceso de investigación concluya.
Esta resolución se da en un contexto en el que las campañas y movimientos dentro del poder judicial han sido cada vez más observados por autoridades electorales, en medio de una creciente atención a la imparcialidad de las instituciones. El INE busca así reforzar la legalidad y transparencia de los procesos internos de selección.
Ambas ministras han generado reacciones mixtas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la ética y legalidad de sus acciones. Mientras algunos defienden su derecho a la libre expresión, otros exigen una separación clara entre funciones públicas y aspiraciones políticas.
El INE continuará con el proceso de investigación y fiscalización, y será el Tribunal Electoral quien tendrá la última palabra en determinar si hubo o no una violación definitiva. Por ahora, el caso queda como un precedente relevante en la relación entre el poder judicial y los procesos electorales.
