El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los videos difundidos en 2020 en los que aparece recibiendo dinero de David León Romero, entonces operador político del gobierno de Chiapas y posteriormente titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Tras cinco años de indagatorias, la autoridad electoral concluyó que no se pudo acreditar que esos recursos constituyeran aportaciones prohibidas o no reportadas por Morena.

En la discusión, los consejeros señalaron que la investigación se vio limitada por la falta de colaboración de instituciones clave. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, recalcó que el INE solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México e incluso a los propios involucrados, sin obtener elementos que permitieran confirmar irregularidades financieras.

Por su parte, la consejera Dania Ravel lamentó que el peritaje de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), que en 2022 decidió no ejercer acción penal, desestimara los videos bajo el argumento de que habían sido alterados en la posproducción. “La prueba más importante fue invalidada sin acreditarse su falsedad”, señaló. El consejero Jaime Rivera coincidió y cuestionó: “¿Qué puede hacer el INE cuando las autoridades responsables cierran el acceso a la información y dejan dudas sobre el origen y destino del dinero?”.

La oposición criticó duramente la resolución. El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, afirmó que “la corrupción fue evidente, el dinero iba a parar al movimiento de Morena y así se reconoció públicamente”, recordando que el propio expresidente López Obrador describió esos recursos como “aportaciones al movimiento”. A su vez, Marcela Guerra, del PRI, denunció que la resolución demuestra “uso indebido del poder e impunidad para el círculo cercano del expresidente”.

Desde Morena, el diputado Ernesto Prieto defendió el fallo como un acto de imparcialidad y autonomía institucional. “El INE concluye que no hubo irregularidades; este caso fue un montaje mediático inflado por la oposición para atacar al presidente y a nuestro movimiento”, sostuvo. Guillermo Rafael Santiago, representante del partido ante el INE, calificó el caso como “la crónica de una calumnia anunciada”.

El contexto de los videos sigue siendo uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de Morena. En las grabaciones difundidas por Latinus en agosto de 2020, David León entrega sobres con dinero en efectivo a Pío López Obrador, mientras afirma que los recursos eran “para el movimiento”. Incluso menciona la entrega futura de otro millón de pesos. No obstante, el INE argumentó que, al no existir rastros bancarios ni registros contables que acrediten el flujo de esos recursos, no había elementos para sancionar.

Humphrey concluyó que el caso revela la necesidad de fortalecer las herramientas legales de fiscalización. “La investigación se prolongó cinco años, se realizaron múltiples diligencias, se revisaron cuentas y registros, y aun así no se pudo determinar con certeza el origen, destino y carácter de esos recursos en efectivo. Nos llama a reforzar la obligación legal de todas las autoridades de colaborar cuando esta autoridad lo solicite”, advirtió.

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