El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la validez de los comicios para la elección de Magistradas y Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, así como de juezas y jueces de Distrito, correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Sin embargo, durante el mismo proceso, el Consejo General del INE determinó anular 46 candidaturas ganadoras por incumplir los requisitos académicos constitucionales: promedio mínimo de 8 en licenciatura y 9 en especialidad o posgrado.
Del total de candidaturas revisadas, 24 correspondientes a magistraturas de circuito y 22 para juzgadores de distrito fueron descalificadas, incluyendo un caso particularmente delicado: un candidato en Veracruz que se encuentra detenido por una acusación de violación sexual a una menor de edad. La revisión de elegibilidad se realizó tras un segundo operativo de verificación encabezado por la Secretaría Ejecutiva del INE, tras un receso de siete días por diferencias sobre la metodología de validación.
La decisión del Consejo General estuvo marcada por un profundo debate entre sus integrantes, dividido entre quienes defendieron la legitimidad del proceso y quienes señalaron irregularidades graves. Una de las controversias más señaladas fue el uso masivo de los llamados “acordeones”: volantes impresos con listas de candidatos que, según algunos consejeros, influenciaron de forma indebida el voto de la ciudadanía. La consejera Claudia Zavala subrayó que el 90% de los votos coincidieron con los nombres de esos materiales, mientras que el consejero Uuc-kib Espadas minimizó su efecto argumentando que solo reflejan “tendencias políticas”.
Durante la sesión, Espadas intentó ridiculizar el debate sobre los acordeones sacando un globo morado en forma de elefante que dejó volar en la sala, haciendo alusión a “el elefante en la sala”, como símbolo del tema evitado. Sin embargo, su acto fue duramente criticado por otros consejeros, como Jaime Rivera y Arturo Castillo, quienes acusaron que minimizar el uso masivo de propaganda ilegal atenta contra la legitimidad del proceso. Castillo subrayó que la mayoría de las candidaturas ganadoras se deslindaron públicamente de dichos materiales, lo que indicaría que fueron financiados por terceros.
En contraste, la consejera Rita Bell López Vences respaldó la validez de la elección y aseguró que el INE hizo todo lo legalmente posible para contener el fenómeno de los acordeones. “El elefante que se puso en esta mesa es volátil y caricaturesco”, dijo, refiriéndose al globo lanzado por Espadas, y reafirmó que no hay elementos suficientes para anular los comicios.
Otro punto relevante fue la confirmación de que 46 plazas quedaron vacantes por los incumplimientos en los requisitos académicos. El INE no asignó esos cargos a los segundos lugares, sino que dejó la decisión en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá definir el mecanismo para cubrir esas vacantes. Esta medida fue defendida por el INE como una forma de apegarse estrictamente a la Constitución, aunque también evidenció fallas en los filtros de evaluación y supervisión del proceso.
El proceso electoral judicial fue inédito y tuvo una participación ciudadana de apenas el 13%, lo que también generó cuestionamientos sobre su legitimidad. La consejera Zavala lamentó que un esfuerzo institucional de tal magnitud fuera opacado por la intervención de grupos ajenos al proceso. En el fondo del debate, quedó latente la discusión sobre la viabilidad de un modelo de elección ciudadana para cargos judiciales en un entorno donde la propaganda ilegal y la falta de filtros efectivos pueden minar la legitimidad democrática.
