Encadenado a un poste frente al Palacio de Gobierno en Xalapa, Juan Ricardo Ordóñez Jerez emprendió una drástica protesta este 15 de julio para exigir la atención de las autoridades estatales. Con pancartas que acusan amenazas de muerte y omisiones por parte de la Fiscalía de Veracruz, el manifestante denunció un presunto fraude cometido en el municipio de Coatzacoalcos, donde asegura fue víctima junto a más de 100 personas en la compra de terrenos.
El conflicto, según sus declaraciones, se originó hace cuatro años cuando adquirió dos predios ubicados en el fraccionamiento “Los Almendros” por un monto de 700 mil pesos. Ordóñez afirma que nunca recibió las propiedades prometidas y que las personas responsables del engaño tienen vínculos familiares con funcionarios de la Fiscalía y un exdiputado local, lo que —asegura— ha entorpecido el proceso legal en su contra.
Desde el 9 de junio, Juan Ricardo inició una huelga de hambre como forma de presión, la cual ha mantenido por más de un mes sin obtener respuesta institucional. Sin embargo, al no lograr avances, decidió intensificar su protesta este martes al encadenarse y declarar que tampoco ingerirá líquidos hasta ser atendido. “Voy a estar sin comer hasta ser escuchado”, escribió en una de las cartulinas visibles a un costado de la Plaza Lerdo.
Testigos y transeúntes de la zona centro de la capital veracruzana se mostraron sorprendidos por la escena. Algunos documentaron el momento con sus teléfonos celulares, mientras que el manifestante evitó dar entrevistas directas a medios de comunicación, limitándose a expresar su exigencia de protección por medio de mensajes en carteles y mantas. Una de ellas leía: “Gobernadora Rocío Nahle, pido su intervención. Me amenazaron de muerte por denunciar a la Fiscalía en Coatzacoalcos”.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el Gobierno del Estado de Veracruz han emitido algún comunicado sobre la situación de Ordóñez Jerez. La protesta frente al Palacio de Gobierno se mantiene en pie, generando preocupación por su salud y aumentando la presión pública sobre las autoridades locales.
El denunciante insiste en que los responsables del fraude gozan de impunidad gracias a sus conexiones, y asegura que las amenazas contra su vida comenzaron después de presentar la denuncia correspondiente. “Las personas que denuncié tienen familiares fiscales”, afirmó. Su demanda no solo apunta a resolver su caso, sino también a evidenciar lo que considera un entramado de complicidad institucional.
