Alfredo Carrillo, apodado “el matabanquetas”, fue detenido en la colonia Del Lago de la alcaldía Benito Juárez mientras plantaba un árbol de limón en la vía pública. Con 67 años y tras más de tres décadas dedicadas a la reforestación, el académico ecologista lidera la asociación Naturaleza Sostenible, la cual impulsa proyectos para mejorar el ambiente en la ciudad. Su acción se enmarca en un programa que colabora con instituciones como la UNAM y la Universidad Autónoma de Chapingo, fundamentado en el derecho a un medio ambiente sano por la Constitución.
La detención ocurrió el pasado 21 de enero cuando, al abrir la acera para sembrar el árbol, Carrillo fue interceptado por efectivos de la policía adscritos a blindar benito juárez. La operación, que involucró a tres patrullas y a 10 uniformados, se realizó tras recibir una queja ciudadana por daño a la banqueta. Según la versión de las autoridades, el activista actuó sin contar con los permisos necesarios para modificar la infraestructura pública, lo que motivó su arresto inmediato.
Durante la intervención, un mando policial emitió órdenes contundentes, calificando a Carrillo de delincuente y ordenando su detención sin demora. La acción de la policía, que incluyó la remisión del activista junto con herramientas utilizadas en la obra, ha sido duramente criticada por sectores sociales que consideran desproporcionada la respuesta ante una acción orientada a la reforestación.
El detenido aseguró que su iniciativa formaba parte de un programa ambiental de largo recorrido, destinado a contrarrestar la degradación urbana mediante la plantación de árboles. Carrillo manifestó que sus esfuerzos responden a la Constitución y al derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente sano. Su defensa se basa en la necesidad de incentivar políticas verdes en una ciudad que enfrenta múltiples retos ambientales.
La noticia ha encendido la indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionan la severidad de la medida en un contexto en que la ciudad enfrenta altos índices de delitos de alto impacto. Comentarios y videos difundidos en plataformas digitales muestran imágenes del arresto y denuncian el trato recibido, el cual incluyó privación de alimentos, medicación y comunicación durante más de 72 horas.
A pesar de que un juez federal concedió un amparo para su liberación, las autoridades judiciales y el ministerio público desoían la orden, lo que obligó a Carrillo a permanecer en detención y posteriormente pagar una multa cercana a los 6000 pesos por concepto de reparación del daño ocasionado a la vía pública. Este hecho ha reavivado el debate sobre el abuso de poder y la aplicación desproporcionada de la ley en acciones de índole ambiental.
El caso de Alfredo Carrillo ha generado un debate profundo sobre la criminalización de iniciativas ecologistas y el equilibrio entre el orden público y la promoción de un entorno sostenible. Activistas y defensores del medio ambiente exigen una revisión de los protocolos de actuación policial y judicial, argumentando que la protección del patrimonio urbano y natural debe ser una prioridad que no se vea entorpecida por medidas punitivas excesivas.
