A casi diez años de la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González en Coatzacoalcos, Veracruz, un juez federal dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra cinco elementos de la Secretaría de Marina por su participación directa en este crimen de lesa humanidad. Los sentenciados, identificados como Feliciano N, Anáhuac N, Héctor Emanuel N, Miguel Ángel N y Pedro Iván N, participaron en la detención ilegal de Jacob en un retén naval-estatal como parte del operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, implementado en mayo de 2014. La resolución marca un precedente judicial sin antecedentes en Veracruz, al lograr la condena de integrantes de una fuerza armada por desaparición forzada.
La desaparición de Jacob ocurrió el 25 de septiembre de 2015, cuando hombres armados con uniformes policiales privaron de la libertad a varias personas en diversos puntos de la ciudad. Entre las víctimas de ese día estuvo Jacob, quien trabajaba como taxista, y que junto a otros tres jóvenes fue detenido en un retén naval, sin que desde entonces se conozca su paradero. Este caso se inscribe en el contexto de operativos de militarización en la región que derivaron en violaciones graves a derechos humanos.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que ha acompañado a la familia de Jacob, destacó que este fallo judicial es una muestra de que es posible romper con los pactos de silencio y la impunidad estructural en crímenes de desaparición forzada. También reconoció la fortaleza y resistencia de la familia Jiménez González en esta lucha de casi una década por obtener justicia, verdad y reparación integral.
La madre de Jacob, Belén González Medrano, expresó que la condena representa un paso importante para las familias de víctimas de desaparición forzada en el sur de Veracruz, pero insistió en que la búsqueda de su hijo continúa. “Jacob nos sigue faltando”, reiteró, subrayando que la exigencia de conocer la verdad sobre su paradero es irrenunciable.
Además de las penas de prisión, el juez ordenó medidas de reparación como la continuación de la búsqueda de Jacob a cargo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la FGR, indemnización por daño material e inmaterial a sus familiares dentro de un plazo de un año, así como atención psicológica y psiquiátrica gratuita, inmediata y especializada para la familia de la víctima.
Como garantía de no repetición, la Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Policía Naval deberán realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, dado que estas corporaciones participaron en el fallido operativo de seguridad conocido como “Blindaje Coatzacoalcos”. Esta medida simbólica busca dignificar a la víctima y a sus familiares, así como prevenir nuevas violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad.
El caso de Jacob Vicente ha sido incluso motivo de un exhorto internacional, ya que en enero de 2024 el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió una Acción Urgente para que el Estado mexicano adopte todas las medidas necesarias para encontrarlo. Este proceso confirma que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y que la lucha por justicia, aunque lenta y dolorosa, puede dar resultados.
