La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó nuevamente que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sea impedido de participar en la resolución de varios casos de amparo que involucran la devolución de créditos fiscales, con sus respectivos intereses, solicitados por empresas privadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uno de los casos clave es el de Risen Manufactura S.A. de C.V., que exige el pago de intereses por un crédito fiscal de 16 millones 249 mil 500 pesos declarado nulo por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La SHCP argumenta que la intervención de Gutiérrez Ortiz Mena representa un posible conflicto de interés debido a que previamente fue titular del SAT. Estas preocupaciones han sido reiteradas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha criticado públicamente al ministro por supuestamente favorecer resoluciones que beneficien a las empresas privadas en detrimento de la hacienda pública. La solicitud de impedimento ya fue admitida a trámite y turnada a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien deberá recabar la opinión del propio Gutiérrez Ortiz Mena antes de tomar una determinación.

Además del caso de Risen Manufactura, Hacienda busca que el ministro también se excuse de intervenir en el asunto de la empresa Operadora de Centros Comerciales Opción, S.A. de C.V., y en el amparo promovido por Gigante Verde S. de R.L. de C.V., relacionado con la devolución de un crédito fiscal declarado nulo por más de 59 millones de pesos, más actualizaciones e intereses acumulados que casi duplican la suma inicial.

En el caso de Gigante Verde, la ministra Ríos Farjat presentó un proyecto en el que propone negar el amparo solicitado por la empresa, al considerar que la devolución de intereses no corresponde porque el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación no contempla ese supuesto cuando el crédito fiscal ha sido declarado nulo. La ministra sostiene que no existe violación al principio de igualdad, ya que la situación de quienes obtienen una sentencia de nulidad no es equiparable a la de quienes logran una resolución que ordena directamente la devolución de pagos indebidos.

Por su parte, en el caso de Risen Manufactura, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha considerado procedente el pago de intereses sobre los montos devueltos cuando el crédito fiscal ha sido anulado mediante resolución judicial. Según su interpretación, los intereses deberían computarse desde que la empresa interpuso el medio de defensa respectivo.

Estos casos han provocado una fuerte polémica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a la posibilidad de que un exfuncionario del SAT intervenga en decisiones que afectan directamente al órgano tributario. Mientras tanto, la Corte ha pospuesto las resoluciones en espera de determinar si Gutiérrez Ortiz Mena puede o no participar en los fallos.

El debate en torno a este posible conflicto de interés pone en juego no sólo la devolución de sumas millonarias a empresas privadas, sino también la percepción de imparcialidad y transparencia de la SCJN en temas fiscales de alto impacto económico.

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