La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) abrió una carpeta de investigación tras la difusión de un video que mostró el brutal maltrato a gatos durante una festividad en la comunidad de El Guamúchil, municipio de Xichú. El caso, documentado durante las fiestas patronales del 23 de mayo, muestra cómo los felinos fueron amarrados con cohetes y expuestos a explosiones ante la mirada festiva de decenas de pobladores. La indignación ha escalado a nivel estatal, al punto que la gobernadora Libia García Muñoz Ledo prometió que no habrá impunidad.
“Daremos seguimiento puntual para que el maltrato animal no quede impune”, afirmó García Muñoz Ledo a través de un mensaje difundido en redes, luego de una gira por la zona noreste del estado. La mandataria destacó que el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, mantiene comunicación directa con el gobierno municipal de Xichú para garantizar que el caso, identificado con la carpeta 65068/2025, llegue hasta sus últimas consecuencias.
Xichú es uno de los municipios más apartados y pobres del estado, con apenas 11,560 habitantes, ubicado en la Sierra Gorda, límite entre Guanajuato y Querétaro. Gobernado actualmente por el perredista Francisco Orozco Martínez, enfrenta además el desafío de carecer de instancias locales para la protección de animales, según denunciaron habitantes. Estos hechos no serían aislados, ya que pobladores locales aseguran que prácticas violentas hacia animales son recurrentes y generalmente quedan impunes bajo el pretexto de mantener tradiciones.
La indignación ha sido amplificada por organizaciones animalistas y usuarios de redes sociales, que exigen a las autoridades frenar estas prácticas. En las imágenes virales se observa a los gatos aterrorizados mientras corren por el ruedo, atados con pirotecnia, generando un espectáculo que para muchos resulta simplemente inhumano. Activistas han urgido a que se termine con la violencia disfrazada de festividad y se implementen medidas de protección efectivas.
El Código Penal de Guanajuato establece sanciones que van de seis meses a dos años de prisión y multas de sesenta a trescientos días para quienes causen la muerte de un animal vertebrado, aumentando hasta la mitad si se usan métodos que generen sufrimiento grave. Sin embargo, a nivel federal las penas pueden llegar a cuatro años de prisión y multas superiores a los 30,000 pesos, dependiendo de la gravedad del delito. La gobernadora adelantó que se trabaja en reformas para endurecer los castigos.
Este caso ha encendido el debate sobre los límites entre tradición y crueldad, mostrando que en comunidades rurales aún persisten prácticas que chocan con el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Guanajuato enfrenta ahora el reto de demostrar que puede avanzar en políticas públicas que garanticen justicia para los animales y que la violencia no puede ser tolerada bajo ninguna justificación cultural.
