El Gobierno de México anunció este domingo la detención de 14 personas presuntamente involucradas en una red de contrabando de hidrocarburos que operaba desde aduanas marítimas, entre ellos seis marinos —cinco en activo y uno en retiro—, cinco exfuncionarios aduanales y tres empresarios. El operativo está vinculado al decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado, considerado uno de los aseguramientos más grandes de la historia contra el robo de combustibles.
Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Luján. Las autoridades detallaron que la red utilizaba documentación apócrifa para introducir el hidrocarburo de contrabando, práctica conocida como “huachicol fiscal”. La investigación, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), también involucró a la Secretaría de Marina (Semar) y se desplegó en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que la organización criminal estaba integrada por empresarios, transportistas, agencias aduanales y funcionarios públicos que facilitaban la entrada ilegal del combustible. En el operativo se decomisaron tractocamiones, contenedores, equipos de cómputo, armas y documentación irregular. Además, se incautó un buque que transportaba el diésel de contrabando, el cual fue asegurado y resguardado desde finales de marzo.
En conferencia de prensa, García Harfuch insistió en que la detención representa un golpe sin precedentes contra las estructuras que durante años han drenado recursos millonarios al Estado. “El actuar aislado de unos cuantos no representa al conjunto de las instituciones”, señaló, en referencia a los marinos involucrados. Aseguró que el caso confirma la determinación del gobierno de Claudia Sheinbaum para no tolerar la corrupción ni en las fuerzas armadas ni en la administración pública.
Por su parte, el fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que las investigaciones comenzaron hace dos años, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Luján, presentó denuncias sobre irregularidades en algunas áreas de la institución. Con los decomisos de marzo —10 millones de litros en Tamaulipas y 8 millones más en Baja California— se estableció que ambos casos estaban vinculados a la misma red criminal, lo que permitió solicitar órdenes de aprehensión adicionales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también intervino en el caso, identificando operaciones financieras sospechosas de los implicados, como gastos lujosos y adquisiciones incongruentes con sus ingresos. Esta revisión reforzó la hipótesis de que se trataba de un esquema criminal bien estructurado que contaba con complicidad de autoridades portuarias y empresarios para mover el combustible de manera ilegal.
En la conferencia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que la institución no tolerará actos de corrupción y que se tomarán medidas para preservar la confianza ciudadana. Recordó que, según encuestas recientes del Inegi, la Marina sigue siendo la institución de seguridad con mayor aprobación en México, con 89.7% de respaldo social, y subrayó que casos como este deben entenderse como excepciones y no como prácticas habituales.
Aunque ya se han realizado detenciones importantes, las autoridades confirmaron que hay personas prófugas y que se esperan más órdenes de aprehensión en los próximos días. La operación, considerada un parteaguas en la lucha contra el huachicol fiscal, busca desmantelar completamente la red que operaba desde aduanas marítimas y que durante años habría generado pérdidas millonarias al Estado mexicano.
