En los últimos siete años, diversas dependencias de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación han otorgado contratos por cientos de miles de pesos a la cadena venezolana Telesur, medio de comunicación fundado en 2005 por Hugo Chávez y considerado el canal propagandista del régimen de Nicolás Maduro. Los convenios han tenido como objetivo la difusión de campañas institucionales mexicanas que, en teoría, deberían estar dirigidas a la población del país.
En la televisora con alcance en varios países de América Latina se han transmitido promocionales de programas como PrevenIMSS, los informes de gobierno, el Tren Maya y la estrategia nacional de lectura. Según una investigación de Latinus, Telesur ha recibido al menos 12 contratos que suman alrededor de 2 millones 700 mil pesos desde 2019 a la fecha, firmados por Aissa María García, representante legal y jefa de la corresponsalía del medio en México.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aparece como la dependencia que más recursos ha destinado a Telesur. En 2021 firmó un contrato por 280 mil pesos, en 2023 y 2024 otros por 300 mil pesos cada uno, y en 2025, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el monto se duplicó a 600 mil pesos. De esta manera, el organismo de salud se convirtió en el principal financiador de la televisora venezolana.
La Secretaría de Gobernación también recurrió a Telesur durante la gestión de Olga Sánchez Cordero. En 2019 firmó tres contratos por casi un millón de pesos, con el fin de difundir campañas sobre el Tren Maya, la estrategia nacional de lectura y la promoción de la participación ciudadana. Ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado actualmente por Martí Batres, otorgó un contrato de 300 mil pesos para promover sus actividades institucionales.
El director en México de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, calificó como inédito que campañas dirigidas a la población mexicana se difundan en el extranjero a través de una televisora pública de otro país. “Si las campañas están dirigidas a los mexicanos, no tienen justificación alguna los contratos para su divulgación fuera del territorio nacional”, advirtió.
Maldonado señaló que las motivaciones detrás de estos convenios parecen responder más a afinidades ideológicas que al propósito constitucional de la publicidad oficial, que es proporcionar información de interés público a la ciudadanía mexicana. En ese sentido, cuestionó que el gobierno haya privilegiado la contratación de un medio extranjero con marcada cercanía a un régimen cuestionado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.
