La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno investigue al senador Adán Augusto López, tras revelarse una orden de aprehensión contra su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar el grupo criminal «La Barredora». Sheinbaum insistió en que no se protege a nadie y que la responsabilidad de investigar recae en las fiscalías estatales y no en el Ejecutivo federal. Aclaró que el Gabinete de Seguridad informará sobre el proceso legal contra Bermúdez y reiteró que “todo se hará con transparencia”.
La controversia ha generado tensión política. Legisladores de oposición, como Amalia García (MC), pidieron rendición de cuentas a todas las figuras públicas involucradas, incluida la actual administración federal y el gobierno de Tabasco. Por su parte, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que las autoridades judiciales son quienes deben aclarar la relación entre el acusado y su anterior jefe político. Mientras tanto, en el Congreso, los senadores de Morena han guardado distancia del tema, aunque no descartan que López Hernández deba presentarse a declarar si es requerido.
Sin embargo, el diputado priista Erubiel Alonso desmintió que exista una ficha roja de Interpol para capturar a Bermúdez Requena, como afirmaron autoridades tabasqueñas. Según Alonso, su equipo verificó en el portal oficial de Interpol y no encontró el nombre del exfuncionario, lo que pondría en duda la seriedad de la búsqueda internacional. Asegura que la narrativa sobre su presunto escape a Panamá y Brasil podría formar parte de una estrategia para desviar la atención de la creciente inseguridad en el estado.
La trayectoria de Hernán Bermúdez Requena abarca más de tres décadas en cargos de seguridad. Comenzó en los noventa bajo el gobierno de Manuel Gurría en Tabasco, donde coincidió con Adán Augusto López. En 2019 fue designado secretario de Seguridad estatal por López Hernández, y permaneció en el cargo hasta enero de 2024. Durante su gestión negó que operaran cárteles en la entidad, pese a informes filtrados por el colectivo «Guacamaya», los cuales lo identificaban como el “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 5 de enero de 2024, Bermúdez renunció a su cargo tras una ola de violencia en Villahermosa, que incluyó bloqueos, quema de vehículos y saqueos. Semanas después, el gobernador Javier May acusó públicamente que existían nexos entre el exfuncionario y el crimen organizado. La orden de aprehensión fue emitida el 14 de febrero de 2025, misma fecha en la que el prófugo habría salido del país. No obstante, su estatus sigue sin ser confirmado a nivel internacional por la Interpol.
Desde el gobierno estatal, el secretario José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que el caso de Bermúdez es un ejemplo de “la podredumbre heredada” de administraciones anteriores. También reveló que hay más órdenes de aprehensión por ejecutarse, sin detallar nombres. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum pidió que se esclarezca el proceso con claridad, pero reiteró que no existe ninguna acusación desde su administración contra Adán Augusto López.
En paralelo, la presidenta informó que interpuso una demanda por difamación contra el abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán, por declaraciones en su contra. Aseguró que ya no es un tema relevante para ella, pero dejó claro que la acción legal busca defender su integridad política y moral. De este modo, Sheinbaum reafirma su intención de deslindarse de polémicas que pudieran vincular a su gobierno con casos judiciales pendientes o figuras del pasado.
