En la 51ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum logró el respaldo de 30 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para homologar la estrategia nacional de seguridad en las entidades federativas. Solo la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, estuvo ausente. Sheinbaum destacó que los acuerdos buscan aterrizar a nivel local los cuatro ejes de su plan: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y mayor coordinación para combatir la impunidad.
La mandataria federal enfatizó que los estados deberán reforzar sus policías, coordinarse con las fiscalías y tribunales, e implementar de forma local las reformas aprobadas en materia de seguridad. Además, adelantó que se espera la aprobación de cambios constitucionales para combatir la extorsión, delito que se perseguirá de oficio, de modo que la responsabilidad no recaiga en las víctimas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que 96% de los delitos cometidos en México corresponden al fuero común, lo que hace indispensable robustecer a las corporaciones estatales y municipales. Señaló que los gobiernos locales deberán presentar planes de reclutamiento y profesionalización, con el objetivo de contar con academias policiales homologadas para 2028 y con cuerpos de élite preparados en investigación e inteligencia.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso los avances en materia de desapariciones, recordando que ya existen 32 comisiones estatales de búsqueda y una federal, así como 26 fiscalías especializadas en los estados. Reiteró el llamado a actualizar registros civiles y forenses, y anunció que la CURP biométrica se utilizará como herramienta de identidad y de búsqueda de personas desaparecidas. También convocó a una jornada nacional de capacitación y armonización legislativa para que todos los congresos estatales ajusten sus leyes a la reforma federal.
En paralelo, la funcionaria pidió acompañar a los colectivos y familias de desaparecidos, ofreciendo seguridad durante sus recorridos, además de atención a hijas e hijos de las víctimas. Subrayó que este tema es una demanda sentida que debe colocarse en el centro de la agenda pública y gubernamental.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, llamó a consolidar un acuerdo nacional en favor de la vida comunitaria, para que los avances alcanzados en materia de seguridad puedan reflejarse de forma cotidiana en todas las poblaciones del país.
Finalmente, los acuerdos fueron aprobados por unanimidad por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por gobernadores, la presidenta, miembros del gabinete de seguridad y autoridades judiciales, con la expectativa de que el fortalecimiento de las policías locales y la coordinación entre niveles de gobierno marquen un nuevo rumbo en la lucha contra la violencia y la impunidad en México.
