Durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi generó controversia al calificar a México como un “adversario extranjero” junto con Irán, Rusia y China. En su intervención, Bondi afirmó que su país “no se dejará intimidar” por ninguna nación que atente contra la seguridad estadounidense, ya sea por amenazas físicas o a través del tráfico de drogas, específicamente el fentanilo.
La declaración fue en respuesta a preguntas del senador republicano Lindsey Graham, quien cuestionó si el Gobierno de Donald Trump cedería ante las presiones internacionales y criticó duramente la colaboración de México en el combate al narcotráfico. Graham sostuvo que “la mitad del país está gobernado por los cárteles” y que Estados Unidos “nunca estará seguro” hasta que México cambie su estrategia. La fiscal Bondi respondió acusando al Cártel de Sinaloa de causar estragos en su país, mientras que el senador exclamó: “¡Suficiente de esa mierda! El fentanilo sigue entrando”.
En la misma audiencia, el senador demócrata Jack Reed planteó un ángulo opuesto al debate al preguntar qué estaba haciendo Estados Unidos para evitar que las armas de fabricación estadounidense lleguen a manos de los cárteles mexicanos. Aunque Bondi insistió en que se están realizando arrestos y que las fronteras están “cerradas”, Reed la interpeló con firmeza: “Ustedes están permitiendo que las armas sean compradas en Estados Unidos y llevadas al otro lado de la frontera”, subrayando la complicidad indirecta de EE.UU. en el fortalecimiento del crimen organizado en México.
Bondi defendió las acciones del gobierno de Trump, asegurando que se han confiscado más de 14 mil armas y que los principales cárteles —incluidos los de Sinaloa, Jalisco y del Golfo— han sido blanco de operativos. Añadió que “iremos tras ellos con o sin la ayuda de México”, lo que fue interpretado como una amenaza de intensificar las acciones unilaterales contra el narcotráfico.
La mención de México como enemigo externo no pasó desapercibida, en especial tras la reciente acusación del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Las tensiones entre ambos países se han incrementado, pese a los intentos de la presidenta Claudia Sheinbaum por reforzar el control fronterizo y desplegar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional.
En paralelo, Bondi también declaró que tanto México como Canadá están bajo evaluación por su papel en el tráfico de precursores químicos del fentanilo, afirmando que las sustancias continúan ingresando por puertos y fronteras terrestres. Añadió que esta es una lucha que requiere cooperación trilateral, pero reiteró que su país actuará incluso sin respaldo externo.
Las declaraciones de Bondi fueron recibidas con preocupación en círculos diplomáticos y políticos, ya que colocan a México en un listado que históricamente ha estado reservado para países considerados amenazas militares o ideológicas. Para analistas, más allá de la retórica, este señalamiento representa una presión adicional de Estados Unidos hacia México en su estrategia de “asfixia financiera” al crimen organizado.
