La Fiscalía General de la República avanzó en la judicialización del caso contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La acusación se centra en la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos le otorgó tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida en octubre de 2004. La FGR sostiene que el beneficio se obtuvo de manera indebida al no tratarse de un accidente laboral.
Como parte del proceso, Casar deberá comparecer el próximo 16 de diciembre ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción integró la carpeta y decidió formular imputación formal más de un año después de iniciadas las investigaciones. El caso se reactivó tras la denuncia presentada por Pemex, que cuestionó la legalidad del pago post-mortem.
De acuerdo con la indagatoria, la pensión se concedió pese a que las autoridades concluyeron que el fallecimiento fue un suicidio y no un accidente de trabajo. Bajo ese esquema, la familia recibió más de 17 millones de pesos por seguro de vida y gastos funerarios, además de una pensión mensual cercana a 130 mil pesos para Casar y pagos adicionales para sus hijos hasta cumplir 25 años. Pemex calcula un presunto daño patrimonial superior a 31 millones de pesos.
La petrolera también argumentó que Márquez Padilla laboró solo 129 días como coordinador ejecutivo, entre junio y octubre de 2004, lo que refuerza su postura sobre la improcedencia del beneficio. En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero, informó que la empresa emprendió acciones legales para recuperar los recursos que consideró pagados indebidamente. Esas acciones dieron pie a litigios en las vías civil, administrativa y ahora penal.
Tras la suspensión del pago de la pensión, Casar promovió un amparo ante un juzgado federal en materia laboral. El juez concedió inicialmente una suspensión para que Pemex continuara con los depósitos, pero posteriormente sobreseyó el juicio al considerar que la empresa cumplió con la orden y que el acto reclamado dejó de producir efectos. La resolución no analizó el fondo sobre la constitucionalidad de la suspensión.
Inconforme con ese fallo, la presidenta de MCCI interpuso un recurso de revisión que admitió el Séptimo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo de la Ciudad de México. El expediente permanece desde septiembre en la ponencia del magistrado Francisco Peñaloza Heras, sin que exista aún un proyecto de resolución. Mientras tanto, la vía penal sigue su curso con la audiencia inicial programada.
El caso ha tenido una fuerte carga política, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionara públicamente como un ejemplo de presunta corrupción. Con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, la judicialización reavivó el debate sobre el uso del aparato de justicia contra figuras críticas del gobierno. La Fiscalía, por su parte, afirma que el proceso responde únicamente a criterios legales y a la defensa del patrimonio público.
