Desde abril, autoridades federales investigaban al excontralor de la Fiscalía General de la República (FGR), Arturo Serrano Meneses, a Sergio Taboada —hermano del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada— y a otros siete funcionarios por presuntos delitos de cohecho y manipulación de cocaína decomisada, que habría sido sustituida por leche en polvo en un procedimiento de incineración. El caso derivó en la destitución de todo el equipo el pasado 8 de agosto.
De acuerdo con fuentes ministeriales, Serrano y sus colaboradores estaban encargados de supervisar la quema de una tonelada de cocaína asegurada en Guerrero. Sin embargo, las pesquisas internas señalan que se falsearon los procedimientos, lo que abrió una investigación que también involucra a la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia de la FGR, entonces dirigida por Serrano, por el presunto mal manejo de datos e información pública.
El caso inició en abril, cuando un representante empresarial denunció la exigencia de sobornos por parte de Serrano y Carlos Enrique Rascón Yrízar durante un proceso de contratación. Con base en esa denuncia se abrió la carpeta de investigación FED/FECOC/FEIARCDMX/0002418/2025, que derivó en señalamientos adicionales de tráfico de influencias, omisiones graves y delitos contra la administración de justicia.
El excontralor, quien había sido designado en 2019 y ratificado por la Cámara de Diputados para un periodo que concluiría en 2027, enfrenta ahora acusaciones formales junto a Rascón Yrízar. Ambos están a la espera de que un juez de control defina fecha y hora para la audiencia inicial en la que se determinará si serán vinculados a proceso.
El resto de los funcionarios destituidos son Martín Javier Morales Ramírez, José María Peña Domenech, Jesús Roberto Crespi, José Alzati Cambrón, Héctor Manuel Montes, Alejandro Vélez y Javier Maldonado, todos señalados por presuntas anomalías en procedimientos de incineración y por posibles vínculos con actos de corrupción.
Mientras tanto, la FGR designó a Óscar Daniel del Río Serrano como encargado de despacho del Órgano Interno de Control (OIC). Del Río, con experiencia en la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte y la Auditoría Superior de la Federación, ocupará el cargo de manera provisional hasta que la Cámara de Diputados nombre a un nuevo titular.
El nombramiento de Del Río ha generado atención por su perfil político y familiar, pues es hijo de José Manuel del Río Virgen, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, se desempeñó en el Consejo de la Judicatura Federal y formó parte de la Junta Directiva de Mejoredu durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, legisladores del Partido Acción Nacional, encabezados por José Elías Lixa, solicitaron a la FGR y a la contraloría de San Lázaro información sobre la destitución de Serrano, argumentando que correspondía al recinto legislativo definir la separación de un funcionario ratificado por los diputados. El caso continúa en desarrollo, con implicaciones legales y políticas para el órgano interno de control de la Fiscalía.
