Una amplia lista de exconsejeros del IFE y del INE, encabezada por Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, advirtió sobre los riesgos de la reforma electoral que impulsará la presidenta Claudia Sheinbaum. A través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), señalaron que dicha propuesta no debe surgir como una decisión unilateral del Ejecutivo ni de una mayoría legislativa que, aseguran, fue alcanzada mediante mecanismos cuestionables.
Los firmantes del pronunciamiento recordaron que las normas electorales son la base del juego democrático y que, como tales, deben ser aceptadas por todos los actores políticos. Por ello, insistieron en que cualquier cambio en este terreno debe contar con el más amplio consenso posible y no imponerse desde una sola fuerza política, pues ello podría erosionar la legitimidad de los procesos y los resultados electorales en México.
En contraparte a la iniciativa de Sheinbaum, que busca reducir el número de legisladores plurinominales, disminuir el presupuesto del INE y recortar las prerrogativas a partidos, el IETD planteó su propia propuesta. Entre sus puntos clave está aumentar la representación proporcional en la Cámara de Diputados para que haya 250 legisladores electos por mayoría y 250 por lista, así como que todos los senadores sean electos exclusivamente por representación proporcional.
También proponen que los consejeros del INE y las magistraturas del Tribunal Electoral sean nombrados por el Senado, con una votación calificada de tres cuartas partes, con la intención de asegurar el respaldo de distintas fuerzas políticas. Consideran que la Cámara de Diputados ya no es el espacio idóneo para realizar estos nombramientos debido a la sobrerrepresentación de la coalición oficialista.
Otro de los puntos centrales de la contrapropuesta es defender la autonomía y profesionalización del Servicio Profesional Electoral Nacional, considerado la columna vertebral de la estructura del INE. El IETD advierte que cualquier intento de debilitarlo pondría en riesgo la calidad y legalidad de los comicios, por lo que debe mantenerse como un servicio civil de carrera basado en concursos y evaluaciones continuas.
En materia de financiamiento, el instituto plantea que el recurso público debe distribuirse equitativamente: la mitad en función de la votación obtenida por cada partido y la otra mitad de manera igualitaria. Rechazan cualquier intento de sustituir este esquema por financiamiento privado, ya que esto abriría la puerta al dinero ilícito o al poder desmedido de grupos empresariales y criminales.
Los firmantes recordaron que las últimas cuatro grandes reformas electorales desde 1994 fueron posibles gracias a amplios acuerdos entre partidos, y alertaron que romper esa tradición podría traer consecuencias negativas. «Ignorar la historia abriría la puerta a que las reglas electorales ya no sean parte de la solución sino del problema», señalaron en su declaración pública.
El documento fue firmado no solo por exconsejeros, sino también por académicos, periodistas, abogados y figuras de la sociedad civil. Todos coincidieron en que una reforma electoral debe fortalecer la democracia, no debilitarla, y que la legitimidad del nuevo Congreso y de la propia presidencia dependerá, en buena medida, de que se garantice una reforma justa, incluyente y respetuosa del pluralismo político.
