El gobierno de Estados Unidos deportó a Juan Alberto Carbajal Montes, expolicía municipal de Huitzuco, Guerrero, señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014. El exagente fue entregado a las autoridades mexicanas el miércoles por la Garita de Matamoros, Tamaulipas, y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Carbajal Montes fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) a las 9:58 horas tras su deportación. Posteriormente, fue sometido a una revisión médica en el Aeropuerto de Toluca y, antes de las 17:00 horas, ingresó al penal de máxima seguridad. Su deportación se dio en el marco de los acuerdos de colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
El expolicía, descrito como un hombre de aproximadamente 1.80 metros, tez morena y barba abundante, fue arrestado originalmente por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Atlanta, Georgia, el 12 de mayo de 2025. Las autoridades mexicanas lo relacionan con un grupo de agentes municipales que habrían detenido y entregado a los normalistas al grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Carbajal Montes aparece en la averiguación previa FGR/FEMDH/UEILCA/3/2020, junto con otros exfuncionarios municipales y estatales señalados por su presunta participación en el caso. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes fueron interceptados en Iguala y posteriormente desaparecidos con la colaboración de policías de varios municipios de Guerrero.
El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los episodios más dolorosos e impunes de la historia reciente de México. El pasado 26 de septiembre, a once años de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con la verdad y la justicia, asegurando que las investigaciones continúan bajo la supervisión de un nuevo fiscal especial. “Nuestro compromiso es llegar a la verdad y la justicia”, dijo.
Cabe recordar que en 2022, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes “constituyó un crimen de Estado”, donde participaron tanto integrantes de Guerreros Unidos como autoridades de distintos niveles. A raíz de ese informe, la FGR detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia.
Mientras tanto, Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y otro de los principales implicados en el caso, continúa prófugo en Israel. Las autoridades mexicanas mantienen gestiones diplomáticas para su extradición. Con la deportación de Carbajal Montes, se suma un nuevo paso en el intento por esclarecer un crimen que marcó al país y que, a más de una década, aún no encuentra justicia plena.
