Estados Unidos extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para implementar sanciones contra Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, señaladas por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Originalmente, las restricciones entrarían en vigor a finales de julio, pero fueron pospuestas tras la intervención mexicana.
El gobierno de México asumió temporalmente la administración de estas instituciones y transfirió sus fideicomisos a Nacional Financiera, en un esfuerzo por resguardar a los usuarios y demostrar avances en cumplimiento normativo. Esta intervención también fue respaldada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN y su directora Andrea Gacki, reconoció las medidas del gobierno de Sheinbaum como respuesta a las órdenes impuestas por lavar recursos para insumos de fentanilo. El aplazamiento busca permitir ajustes que prevengan el abuso del sistema financiero por parte de actores ilícitos.
Intercam, CIBanco y Vector manejan activos por unos 22 mil millones de dólares, y fueron identificadas como “preocupaciones primarias” por FinCEN. Las sanciones se basan en transferencias sospechosas hacia empresas en China vinculadas a la compra de precursores químicos para fentanilo.
A pesar de la prórroga, ya se registran efectos colaterales: clientes como Fibra Inn o Terrafina han retirado fideicomisos, y entidades financieras como Citigroup han roto relaciones comerciales. Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, resaltó que no hay más instituciones implicadas hasta ahora.
La extensión ofrece un respiro a estas instituciones y al sistema bancario mexicano. A su vez, refuerza la urgencia de profundizar controles antilavado, fortalecer la supervisión y mantener coordinación con EE.UU. para evitar un impacto mayor. Los próximos 45 días serán determinantes para corregir vacíos y preservar la confianza financiera.
