Estados Unidos anunció este 10 de julio el cierre inmediato de la frontera para la importación de ganado mexicano, incluyendo reses, bisontes y caballos, tras detectarse un nuevo caso de gusano barrenador en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Esta decisión se tomó apenas dos días después de reabrir el comercio en Agua Prieta, Sonora, en medio de una dinámica marcada por restricciones y flexibilizaciones continuas.
La plaga, causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, ya había generado seis emergencias sanitarias en 2024 y afectado a más de 2,200 animales; actualmente sólo 337 casos permanecen activos. El rebrote en una zona crítica —a 370 millas al sur de la frontera y fuera del área controlada— ha sido considerado un riesgo suficiente para justificar la suspensión del tráfico ganadero.
La medida provocó fastidio en el sector ganadero: la reapertura previa había supuesto la movilización de 650,000 cabezas de ganado, cuya paralización al inicio de la crisis generó pérdidas estimadas en 700 millones de pesos (unos 38 millones de dólares). Productores mexicanos lamentaron la nueva restricción y reiteraron su disposición para reforzar protocolos sanitarios con monitoreo constante, cuarentenas y liberación de moscas estériles.
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, calificó la medida como “totalmente exagerada” e informó que las autoridades ya han activado protocolos científicos, incluido un despliegue urgente de veterinarios, controles de movilidad ganadera y acciones de contención, además del uso de moscas estériles como herramienta biológica.
Este nuevo cierre revela la fragilidad del sector ganadero frente a amenazas sanitarias transfronterizas y la dependencia de la confianza de Estados Unidos. Aunque México ha avanzado en el control de la plaga, la exigencia estadounidense de “progresos adicionales” refuerza la necesidad de consolidar sistemas de vigilancia, zonas libres de infestación y coordinación binacional.
