El gobierno de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el denominado Cartel de los Soles, considerado por la administración de Donald Trump como una organización terrorista desde julio pasado. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, confirmó que esta medida forma parte de una ofensiva contra lo que calificó como una estructura de crimen organizado similar a la mafia.
Bondi detalló en una entrevista con Fox que entre los bienes confiscados se encuentran dos aviones de lujo, varias propiedades, una mansión en República Dominicana, mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo. Asimismo, destacó que, a pesar de los decomisos, el régimen de Maduro “sigue operando bajo un sistema de terror”.
Estados Unidos presentó cargos contra Maduro en 2020, durante el primer mandato de Trump, acusándolo de narcotráfico y terrorismo. Las autoridades estadounidenses sostienen que altos funcionarios y militares venezolanos participan en esta red criminal, coordinando el tráfico de drogas hacia Norteamérica y otras regiones.
Las acusaciones han sido rechazadas por Caracas. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, desestimó la existencia del Cartel de los Soles, calificándolo como un “invento” de Washington. Sin embargo, Cabello y otros colaboradores cercanos a Maduro también enfrentan señalamientos de delitos graves en tribunales estadounidenses.
En medio de esta tensión, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, llamó a los países latinoamericanos a unirse contra lo que considera “amenazas directas de intervención militar” por parte de EE.UU. Esto tras declaraciones de Trump sobre la posibilidad de enviar tropas para combatir a los cárteles de drogas en la región.
Actualmente, el gobierno estadounidense reconoce como presidente legítimo de Venezuela al opositor Edmundo González, de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), lo que añade un componente político a las acciones judiciales y sanciones contra el régimen chavista.
