Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra La Familia Michoacana, uno de los cárteles más violentos y antiguos de México, al que acusa de estar involucrado en el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína, así como en el lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses vinculan al grupo con actividades delictivas que afectan directamente a la salud pública del país.
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra los líderes de esta organización criminal, los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga, ofreciendo una recompensa de hasta ocho millones de dólares por información que lleve a su captura. Otros dos hermanos también fueron sancionados, al igual que personas cercanas a la estructura financiera del cártel.
Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en Estados Unidos y medidas que buscan frenar la capacidad de los integrantes del cártel para operar comercialmente, incluyendo empresas fachada como tiendas de ropa usada. Además, se les señala por tráfico de personas y por cometer actos de extrema violencia en comunidades mexicanas.
Esta acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha mantenido un discurso duro contra los cárteles mexicanos y ha buscado clasificarlos como organizaciones terroristas extranjeras. En este contexto, la administración actual ha redoblado esfuerzos de cooperación con México.
Desde su llegada al poder, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha facilitado la entrega de varios líderes criminales a Estados Unidos y ha desplegado más de 10 mil elementos del Ejército para reforzar el combate al crimen organizado, en una muestra de colaboración binacional cada vez más estrecha.