La espera terminó para Enriqueta Blanco. Catorce años después de la desaparición de su hijo Brandon Isaac, las autoridades de Veracruz entregaron a la familia los restos del joven, sustraído en junio de 2012 cuando tenía 15 años. El regreso ocurrió tras una larga cadena de omisiones institucionales que mantuvo el caso en el abandono durante más de una década.

La historia de Brandon no solo refleja el dolor de una madre, sino la falla estructural de un sistema forense incapaz de responder con oportunidad. Sus restos fueron localizados apenas 48 horas después de su desaparición, junto con otros 13 cuerpos, dentro de una camioneta abandonada en Potrero del Llano, municipio de Álamo Temapache, pero nunca fueron identificados de manera formal.

Tras el hallazgo, las autoridades enviaron los cuerpos a una fosa común en Tuxpan. Ahí permanecieron durante años sin que se notificara a las familias. En el caso de Brandon, una amenaza de muerte contra sus seres queridos provocó que Enriqueta Blanco guardara silencio y no denunciara la desaparición, por temor a represalias contra sus otros hijos.

Ese silencio forzado marcó profundamente a la madre del joven. La depresión y el miedo la acompañaron durante años, hasta que en 2020 la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda al norte de Veracruz abrió una nueva posibilidad. Fue entonces cuando Enriqueta decidió acercarse a las autoridades y revisar registros forenses.

Durante esa revisión, la madre reconoció un tatuaje de su hijo en los libros de personas no identificadas de servicios periciales en Poza Rica. La evidencia siempre estuvo en manos del Estado, pero nadie actuó. En 2021 las autoridades confirmaron que los restos correspondían a Brandon, aunque la entrega se postergó cinco años más por trámites y procesos inconclusos.

Colectivos como Familiares en Búsqueda María Herrera y la Red Unidos por los Derechos Humanos denunciaron que el norte de Veracruz sigue atrapado en un ciclo de violencia e impunidad. A pesar de la devolución digna de los restos, los responsables de la masacre de 14 personas en Potrero del Llano continúan en libertad.

Las organizaciones señalaron que la falta de investigación y castigo permite que niñas, niños y jóvenes sigan siendo blanco de la criminalidad, bajo escenarios que no han cambiado en más de una década. Para las familias buscadoras, la identificación tardía no puede considerarse justicia.

El regreso de Brandon Isaac a Coatzintla cierra un ciclo de dolor para su familia, pero deja abierta una herida colectiva. Su caso se convirtió en un recordatorio de la deuda histórica de las instituciones con las víctimas y de la urgencia de un sistema forense que responda a tiempo a las familias veracruzanas.

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