Trabajadores de la Dirección General de Seguridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunciaron que al menos 60 de sus compañeros han sido presionados para presentar su renuncia con el fin de dar paso a un nuevo grupo denominado “facilitadores”, impulsado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en coordinación con el área de Ayudantía de la Presidencia de la República. Los afectados señalaron que esta práctica constituye un despido encubierto y viola la jurisprudencia mexicana sobre coacción laboral.
De acuerdo con testimonios recabados, desde la toma de posesión de los nuevos ministros el 1 de septiembre comenzaron las solicitudes de renuncia a directores generales, operativos y jefes de departamento. Aunque se había asegurado que los ajustes no afectarían al personal de base, en días recientes la medida se extendió a niveles técnicos de seguridad, desde el rango A hasta el F, sin garantizar recontratación. “Nos dicen que renunciemos por las buenas o por las malas; si es por las buenas, analizarán recontratarnos”, relató uno de los trabajadores afectados.
Los empleados mostraron documentos en los que se les pide firmar cartas de renuncia irrevocable con fecha del 15 de septiembre de 2025. Según su denuncia, el nuevo director de Seguridad, Juan Rodrigo Sandoval Bonilla, ordenó evaluar a más de 185 trabajadores, solicitar la baja a los seleccionados y condicionar su eventual reincorporación a compartir la “visión de la nueva Corte”. Esta situación, afirmaron, vulnera sus derechos laborales y genera incertidumbre sobre la continuidad de su empleo.
La medida se enmarca en la implementación del modelo de seguridad denominado “facilitadores”, anunciado por la SCJN a principios de septiembre. Este esquema plantea que el personal encargado de la seguridad se convierta en el primer filtro de atención ciudadana, capacitado para orientar, acompañar y canalizar a quienes acuden al máximo tribunal. Los “facilitadores” sustituirían en gran medida la función tradicional de contención ejercida por los guardias de seguridad.
La Suprema Corte confirmó en un comunicado que ha emprendido una “transformación en el área de seguridad” para hacerla más inclusiva y cercana a la ciudadanía, en especial a sectores históricamente excluidos. Destacó que el nuevo modelo contempla la incorporación de una docena de personas, entre ellas hablantes de lenguas indígenas, y la reubicación de 20 trabajadores con el fin de fortalecer la primera línea de atención.
Sin embargo, en su mensaje la Corte omitió referirse a las denuncias sobre presuntas renuncias forzadas ni a la supuesta intervención de la Ayudantía de la Presidencia en el proceso de reestructuración. La institución sostuvo que el objetivo central es ofrecer un trato digno, humano y accesible a todas las personas que acudan a sus instalaciones.
Con la puesta en marcha del nuevo esquema, los elementos de seguridad dejarán de desempeñar un papel exclusivamente de vigilancia para convertirse en una “ventanilla de servicios”. Para los trabajadores inconformes, este cambio ha implicado una vulneración de derechos laborales que esperan sea atendida en instancias legales, mientras que la SCJN lo presenta como parte de un proceso de modernización y acercamiento a la ciudadanía.
