El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reveló presuntas irregularidades cometidas por la Fundación ISSSTE entre 2017 y 2018, cuando esta asociación civil utilizó espacios dentro de hospitales sin autorización formal, arrendando varios de ellos y generando ingresos que no fueron reportados al instituto. El director general del ISSSTE, Martí Batres, detalló que se entregaron 27 espacios a título gratuito, de los cuales 15 fueron rentados a terceros sin que la institución recibiera beneficio alguno.
Además, se detectó que la fundación operó oficinas en el complejo San Fernando sin contrato ni autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Batres calificó estas acciones como una muestra del «proceso de privatización y saqueo de instituciones públicas» durante administraciones anteriores, en el cual se crearon asociaciones privadas para desviar recursos estatales.
Otro punto señalado fue la entrega de 5 millones de pesos en 2017 por parte del ISSSTE a la fundación, supuestamente para la compra de sillas de ruedas, camillas, prótesis y otros insumos médicos. Sin embargo, no hay evidencia documental ni registros administrativos que justifiquen estas adquisiciones. La única prueba de actividad de la fundación en este sentido es la entrega de un aparato dermatológico, ocurrida casi nueve años después.
Ante estos hallazgos, el ISSSTE inició en mayo de 2023 acciones legales para recuperar los espacios entregados a la fundación. Hasta la fecha, se han restablecido hospitales clave como el Ignacio Zaragoza, la Clínica de Medicina Familiar Villa Álvaro Obregón, el Hospital Regional 1° de Octubre, el Centenario de la Revolución Mexicana, el Fernando Quiroz y el General de Tacuba.
Sin embargo, aún falta recuperar ocho espacios adicionales que fueron rentados de manera irregular, principalmente para operar cafeterías dentro de hospitales. También sigue en proceso la liberación de las oficinas ocupadas ilegalmente por la fundación y la revocación del uso del nombre ISSSTE por parte de esta asociación. Batres subrayó que la fundación no tiene ninguna afiliación con la institución y que sus operaciones han afectado la transparencia y el correcto funcionamiento del organismo.
La denuncia formal sobre estas irregularidades fue presentada en febrero de 2025 ante la Secretaría de Anticorrupción, además de haberse elevado casos al Ministerio Público y a la Secretaría de la Función Pública. Las investigaciones buscan determinar responsabilidades y aplicar sanciones tanto administrativas como penales a los involucrados.
El director del ISSSTE enfatizó que estas acciones forman parte del esfuerzo por erradicar la corrupción dentro de la institución y garantizar que los recursos se destinen directamente a la atención de los derechohabientes. «No permitiremos que se sigan utilizando los bienes públicos para fines privados», concluyó Batres.
