Una coalición de doce estados de Estados Unidos, liderada por fiscales generales demócratas, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por imponer aranceles sin autorización del Congreso. La acción legal, registrada el 23 de abril ante la Corte de Comercio Internacional, cuestiona la validez de los nuevos impuestos comerciales introducidos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), argumentando que dicha ley no le otorga competencias para imponer tarifas de forma unilateral.
La demanda, respaldada por estados como Nueva York, Arizona, Oregón, Minnesota y otros, sostiene que Trump ha manipulado el concepto de «emergencia nacional» para justificar aranceles que afectan a productos de decenas de países. Según los fiscales, esta interpretación representa una peligrosa extralimitación de poder que socava el papel del Congreso, al que la Constitución atribuye la autoridad exclusiva sobre los tributos y el comercio internacional.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha promovido una agenda proteccionista que ha reavivado tensiones comerciales globales. Los nuevos aranceles, que alcanzan hasta el 10 % sobre diversas importaciones, ya han comenzado a generar inestabilidad en los mercados financieros internacionales. El presidente defiende que su política comercial devolverá la producción industrial al país, aunque múltiples expertos advierten sobre un incremento en los precios al consumidor y una potencial pérdida de empleos.
En el documento judicial, los demandantes argumentan que «el presidente ha alterado el orden constitucional y ha sumido a la economía estadounidense en el caos», al arrogarse el poder de imponer tarifas a discreción. Destacan que, en casi cinco décadas de existencia de la IEEPA, ningún otro presidente ha utilizado esa legislación para imponer aranceles comerciales, ni siquiera frente a crisis prolongadas como el narcotráfico o los desequilibrios comerciales crónicos.
La demanda también busca frenar los aranceles recíprocos anunciados por el gobierno estadounidense, cuya implementación fue suspendida a principios de abril. Además de la coalición de estados, otras entidades como la Nueva Alianza de Libertades Civiles (NCLA) y asociaciones de pequeñas empresas también han presentado recursos legales por los mismos motivos. Los demandantes consideran que las acciones de Trump violan tanto la Constitución como la Ley de Procedimiento Administrativo.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, resumió la preocupación de los estados al afirmar: “Donald Trump prometió reducir los precios y mejorar el costo de vida, pero estos aranceles ilegales tendrán el efecto opuesto. Si no se detienen, conducirán a una mayor inflación, desempleo y daños económicos”. La disputa ahora queda en manos de los tribunales, donde se definirá si el presidente puede seguir utilizando la IEEPA como base legal para aplicar políticas comerciales unilaterales.
