A más de 16 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños y dejó más de un centenar de lesionados, se confirmó la detención en Arizona de Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias del centro infantil. La captura se habría dado en el Centro de Detención de Eloy, derivada de una orden de reaprehensión girada en México y reforzada por una ficha roja emitida por Interpol.
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por familiares de las víctimas, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para garantizar la extradición inmediata de Téllez Nieves. “No es una perseguida política, es una responsable con sentencia firme”, expresó Juana Luna Hernández, representante del colectivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó en 2022 una sentencia de cinco años y medio de prisión en su contra por el delito de homicidio culposo.
La noticia surgió a partir de una carta pública del colectivo, en la que denuncian que el gobierno mexicano no ha emitido ninguna notificación oficial a las víctimas ni a sus abogados. Calificaron este silencio como “altamente sospechoso” y advirtieron sobre la posibilidad de maniobras legales para evadir la extradición, pues una firma legal estadounidense estaría promoviendo el asilo político para Téllez Nieves, bajo el argumento de persecución por parte del Estado mexicano.
El incendio del 5 de junio de 2009 se originó presuntamente en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y se propagó a la guardería subrogada al IMSS. El caso, desde sus inicios, ha estado marcado por señalamientos de encubrimiento, protección política y falta de justicia, especialmente por los vínculos de los dueños con altos funcionarios del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.
Además del colectivo Manos Unidas, el Movimiento 5 de Junio también emitió un comunicado para exigir acciones inmediatas. Confirmaron haber entregado semanas atrás una solicitud formal a Sheinbaum para acelerar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, ya que desde entonces se conocía la localización de Téllez Nieves en Estados Unidos. Ambos colectivos han insistido durante años en que todos los socios propietarios de la guardería deben rendir cuentas ante la ley.
Hasta ahora, el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República no han confirmado públicamente la detención ni el inicio de procesos formales de extradición. Las familias, sin embargo, advirtieron que no cesarán en su lucha para que este crimen no quede impune y se castigue con todo el peso de la ley a quienes han evadido la justicia durante más de una década.
