Julio César Chávez Jr., conocido mundialmente por ser hijo del legendario boxeador mexicano y por su carrera profesional en el ring, enfrenta ahora una acusación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de armas, que llevó a su detención en California por autoridades estadounidenses. Más allá de su carrera deportiva, Chávez Jr. también ha incursionado en el mundo empresarial con una estructura corporativa versátil y de amplio alcance financiero y legal, como lo revela la acta constitutiva de su empresa Pro Eventos JC Jr., S.A. de C.V., constituida en 2012 en Ciudad de México.
La compañía no solo se dedica a la organización de eventos culturales y deportivos, sino que también tiene facultades legales para operar en sectores que incluyen representación artística, consultoría legal y fiscal, adquisición de acciones, emisión de bonos, comercio internacional, transacciones inmobiliarias, y explotación de derechos de propiedad intelectual. Además, está habilitada para emitir y operar con títulos de crédito y obtener concesiones o franquicias, dándole una base jurídica para realizar operaciones de alto nivel tanto en México como en el extranjero.
Estas actividades no han pasado desapercibidas para las autoridades. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chávez Jr. fue detenido por encontrarse ilegalmente en el país y por ser considerado un afiliado del Cártel de Sinaloa. La orden de aprehensión fue emitida por México en marzo de 2023 y su extradición está en curso. Su esposa, Frida Muñoz, exnuera de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también ha sido señalada por sus vínculos financieros con el cártel, y sus cuentas fueron congeladas en 2015 por la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana.
Muñoz estuvo casada anteriormente con Édgar Guzmán López, hijo del Chapo, con quien tuvo una hija. Posteriormente, se mudó a Los Ángeles y se casó con Chávez Jr., con quien tuvo otros dos hijos. Aunque la pareja se separó en 2024, han compartido una relación compleja, llena de altibajos documentados en redes sociales. En su momento, Chávez reconoció públicamente su cercanía con Ovidio Guzmán, uno de los líderes de “Los Chapitos” y tío de su hijastra, a quien describió como una “buena persona”, aunque insistió en no tener relación con actividades delictivas.
El escándalo no es nuevo en la vida del boxeador. En 2012 fue condenado en California por conducir bajo los efectos del alcohol, y en 2024 fue detenido por posesión de armas. Su abogado ha negado que Chávez represente un peligro para la comunidad y asegura que su cliente está siendo víctima de una campaña mediática, además de estar participando en un programa judicial por salud mental que podría exonerarlo.
La detención del excampeón se da en un contexto político de endurecimiento de las acciones contra los cárteles mexicanos, tanto en México como en Estados Unidos. Las relaciones familiares y empresariales del boxeador con personas ligadas al narcotráfico han despertado sospechas entre las autoridades, especialmente por los recursos financieros y estructuras legales que podría haber utilizado para facilitar operaciones ilícitas.
Además de las actividades empresariales y su historia familiar, también está en juego la reputación de la marca “Julio César Chávez”, registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por Chávez padre e hijo. Esta marca incluye derechos de comercialización sobre productos deportivos y promocionales, lo que amplía el potencial comercial, y ahora también el alcance de la investigación judicial.
