La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó de forma unánime la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas, como Smith & Wesson, a quienes se responsabiliza de fomentar el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia en México. En su resolución, los nueve jueces determinaron que no se probó de manera plausible que estas empresas hayan ayudado e instigado activamente las ventas ilegales de armas de fuego a traficantes. La decisión fue redactada por la jueza Elena Kagan, quien reconoció que, aunque los fabricantes saben que algunas de sus armas llegan al crimen organizado, no se logró comprobar que participaran deliberadamente en ese flujo ilícito.
El gobierno mexicano argumentó que las empresas demandadas han sido negligentes en evitar que sus productos terminen en manos del crimen organizado. No obstante, el tribunal estadounidense consideró que la ley federal de 2006, que otorga inmunidad a los fabricantes de armas frente a demandas por el uso de sus productos, impide fincarles responsabilidad directa. Noel Francisco, abogado de los armeros, celebró el fallo al señalar que los fabricantes no deben ser responsabilizados por actos criminales que ellos no cometen ni controlan.
Por su parte, Jonathan Lowy, abogado del gobierno mexicano y presidente de Acción Global contra la Violencia de Armas, expresó su desacuerdo con el fallo y denunció que la industria armera estadounidense ha lucrado deliberadamente con el suministro de armas a criminales. Aun así, destacó que el fallo no cierra la puerta a nuevas acciones legales, ya que la Corte no aceptó los argumentos de inmunidad total presentados por los fabricantes, lo que podría permitir futuros juicios con pruebas más sólidas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo al fallo y aseguró que México agotará todos los recursos legales y diplomáticos disponibles. Indicó que el tribunal no se pronunció sobre el daño directo que el tráfico de armas genera en México, dejando espacio para nuevos litigios. Además, recordó que aún sigue en curso una demanda presentada en Tucson, Arizona, en 2022, contra cinco tiendas distribuidoras de armas, la cual se encuentra en fase de presentación de pruebas.
El gobierno mexicano insiste en que la venta de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia del crimen organizado y pone en riesgo a miles de familias. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que analizarán las implicaciones del fallo y las alternativas legales. En tanto, el senador Ricardo Monreal señaló que se debe acudir a instancias superiores y continuar con la lucha jurídica y diplomática para frenar la entrada ilegal de armas al país.
Esta batalla legal inició en 2021, cuando México presentó su primera demanda ante una corte federal en Massachusetts. En 2024, una corte de apelaciones permitió que el caso avanzara, al considerar que había elementos suficientes para llevar a juicio a siete fabricantes. No obstante, la resolución de este jueves por parte de la Suprema Corte marca el final de esta primera demanda.
A pesar del revés, tanto la cancillería como organizaciones internacionales que apoyan a México en esta causa coinciden en que la lucha debe continuar. Nick Wilson, exfuncionario del gobierno de Baltimore y miembro del Center for American Progress, señaló que este fallo debilita los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad e inmigración. Subrayó que la Corte al menos no aceptó inmunidad total para los fabricantes, lo cual mantiene viva la posibilidad de exigirles rendición de cuentas.
La estrategia legal y diplomática de México continúa con demandas activas, recursos internacionales ante la ONU y la OEA, así como un renovado compromiso de buscar justicia para frenar el flujo de armas que, cada día, agrava la violencia en el país. Aunque la Corte Suprema cerró una puerta, otras siguen abiertas.
