Con una serie de retrasos, confusión y errores en el proceso, el Senado de la República llevó a cabo el sorteo de aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Este procedimiento, que duró más de siete horas y media, se realizó en cumplimiento de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la suspensión del proceso original por parte del Poder Judicial. La sesión, programada para las 12:00 horas, comenzó con una demora de hora y media y se desarrolló en medio de ajustes de último momento en las listas de aspirantes, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, justificó el retraso señalando que el Comité de Evaluación del Poder Judicial había enviado una lista inicial de 1,046 aspirantes, pero durante la madrugada del día del sorteo el TEPJF remitió más nombres que debían ser incorporados. Posteriormente, la Suprema Corte también envió tres casos adicionales, lo que obligó a realizar modificaciones de última hora. La confusión se reflejó en errores como la asignación incorrecta de género a algunos aspirantes, lo que derivó en la repetición de algunas insaculaciones.
El proceso incluyó 68 sorteos distintos, de los cuales 46 correspondieron a jueces de Distrito, 17 a magistrados de Circuito, tres al TEPJF y uno a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el caso de las candidaturas a la SCJN, las nueve mujeres registradas pasaron automáticamente debido a que la lista debía completarse con 15 aspirantes, pero sólo se inscribieron 12. En cambio, para los hombres sí se llevó a cabo el sorteo, pues se contaba con 21 aspirantes y sólo 12 podían ser seleccionados.
Uno de los momentos más controvertidos del proceso fue la inclusión de aspirantes exentos de insaculación, entre los que figuraban Marisela Morales, exprocuradora en el sexenio de Felipe Calderón; Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de una ministra en retiro, y Dora Alicia Martínez Valero, exdiputada del PAN. Aunque inicialmente Fernández Noroña había señalado que se excluiría a personas vinculadas con gobiernos pasados, finalmente estas aspirantes fueron integradas al proceso, lo que generó críticas sobre un posible sesgo político en la selección.
El Senado argumentó que el sorteo fue completamente legal, transparente y supervisado por el notario público número 35, Eutiquio López Hernández. Sin embargo, los errores en la asignación de género y la improvisación de última hora alimentaron la percepción de un proceso desordenado. En algunos casos, aspirantes fueron excluidos temporalmente por errores administrativos y luego reincorporados tras correcciones en la insaculación, lo que evidenció fallas en la organización.
Concluida la insaculación, la Mesa Directiva del Senado elaboró las listas finales de los candidatos, que serán publicadas y remitidas al Instituto Nacional Electoral (INE). En el caso de los aspirantes a la SCJN, la lista será enviada al pleno de ministros para su aprobación. Si la Corte rechaza la propuesta, esta se considerará aprobada automáticamente conforme a la resolución del TEPJF, lo que ha generado dudas sobre la independencia de este nuevo mecanismo de selección.
A pesar de los cuestionamientos y la ausencia de la oposición en el proceso, Fernández Noroña defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que no hay posibilidad de que la elección del 1 de junio sea detenida. Según sus palabras, México marcará un «hito en la historia» al ser el primer país en elegir a sus jueces mediante voto popular. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la insaculación deja abiertas múltiples interrogantes sobre la viabilidad y legitimidad de esta reforma judicial.
