En su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que la institución brinda atención puntual a víctimas de violencia de género, desaparición forzada, búsqueda de personas y otros delitos, además de aplicar mecanismos alternativos para la solución de controversias. Ante diputadas y diputados, afirmó que se trabaja para consolidar un nuevo paradigma en la procuración de justicia y pasar, dijo, “de una promesa a la realidad”.
La titular de la Fiscalía expuso que al interior del organismo se implementaron acciones de actualización, capacitación y certificación en derechos humanos, investigación policial, criminalística, medicina y genética forense, cadena de custodia, litigación, técnicas de interrogatorio, uso de la fuerza e inteligencia policial. También sostuvo que el programa de trabajo se sostiene en tres ejes estratégicos: modernización institucional, optimización de la operatividad y coordinación interinstitucional.
Jiménez Aguirre reveló que durante el último año se cumplimentaron 264 órdenes de aprehensión, se lograron 489 vinculaciones a proceso y se obtuvieron 225 sentencias condenatorias. No obstante, en la sesión de preguntas y respuestas reconoció que en 2025 solo dos de cada diez carpetas de investigación se judicializaron, y que de ese total apenas en tres de cada diez se vinculó a proceso al imputado, lo que evidenció rezagos en la integración y el seguimiento de investigaciones.
En el apartado de delitos contra mujeres, feminicidio, familia y trata de personas, la fiscal señaló que la Fiscalía Especializada atendió a más de 98 mil usuarias e inició más de 18 mil carpetas de investigación por violencia familiar, sexual, de género y contra la niñez. En el rubro de secuestro, informó que se brindó asesoría jurídica, acompañamiento y gestión de crisis a más de tres mil 200 personas, además de reportar la liberación de 30 víctimas y 53 sentencias condenatorias contra 128 personas, con penas de 50 a 140 años de prisión.
En materia de extorsión, reportó la atención de 47 casos de extorsión directa, la detención de 49 personas y la inhabilitación de más de cuatro mil 700 líneas telefónicas utilizadas para este delito. Afirmó que estas acciones buscan fortalecer la atención a víctimas y mejorar la respuesta institucional frente a delitos de alto impacto, especialmente en regiones con mayores reportes de violencia.
Durante la comparecencia, también abordó casos mediáticos recientes. Confirmó que el delito de terrorismo ya no forma parte del proceso contra el periodista Rafael “N”, y sostuvo que fue un juez quien determinó su vinculación por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública. Sobre el asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero, indicó que se abrieron dos carpetas de investigación y que no se revelarán líneas por la secrecía, aunque se realizan actos como revisión de llamadas y líneas telefónicas.
En el caso UPAV, donde se detuvo a tres exfuncionarios, adelantó que aún hay órdenes pendientes y que se investiga a más implicados, aunque evitó profundizar por la reserva del proceso. Detalló que los delitos imputados incluyen ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e incumplimiento de un deber legal. Asimismo, señaló que las recomendaciones de la CNDH y la CEDH deben considerarse áreas de oportunidad, y afirmó que en sus primeros 45 días ya aceptó tres recomendaciones, a diferencia de la administración anterior.
La fiscal también mencionó investigaciones sobre una presunta red de despojo inmobiliario en Xalapa y otros municipios, así como la integración de carpetas derivadas de 361 denuncias del Orfis por un probable desvío de 36 mil millones de pesos. Aseguró que ninguna carpeta ha sido archivada y que se sigue el rastro del dinero con apoyo de la Unidad de Inteligencia Patrimonial de Sefiplan, con posibilidad de embargos precautorios o inmovilización de cuentas para reparar el daño.
Finalmente, Jiménez Aguirre reiteró que hace poco más de un mes fue designada fiscal general y que su objetivo es fortalecer la autonomía institucional, mejorar resultados y responder a las víctimas con profesionalismo. “Cuando el trabajo se hace con convicción, responsabilidad y profesionalismo, la justicia deja de ser una promesa y se convierte en una realidad”, sostuvo ante el pleno, al tiempo que anticipó que, si se tipifican crímenes de odio en el Código Penal, deberá crearse un área especializada para su investigación.
